Garantías para la inversión extranjera

Esta semana se va a desarrollar en Madrid una nueva edición de esas jornadas que periódicamente reúnen a las autoridades españolas en materia económica y a representantes del sector empresarial, sobre todo de empresas extranjeras. Se trata de ponerle unas dosis de sentido común al análisis de las condiciones en las que España gestiona su economía y sobre todo profundizar en la valoración que le otorgan los inversores internacionales a las medidas que va adoptando el Gobierno y las Administraciones Públicas españolas. Es decir, en sentido resumido, si España es un país atractivo para los inversores internacionales, tanto domésticos como foráneos, a la hora invertir y asumir riesgos.

El capital extranjero, no hace falta recordarlo, es pieza básica en la estructura económica española y en el crecimiento del país durante los últimos años. Prueba de ello es que el listado de compañías multinacionales más importantes, las 100 mayores, por decir algo, prácticamente no hay ninguna que esté ausente de nuestro país. El atractivo español para el capital es generalmente elevado, aunque no faltan algunos tirones de orejas. Hay muchas experiencias de éxito en el mercado español de las que pueden dar buena fe cientos de compañías multinacionales, que no han dudado incluso en incrementar su nivel de riesgo en nuestro país, al que han venido para instalarse con carácter indefinido.

En momentos en que esta tendencia es sometida a prueba (por ejemplo, la reciente salida de Gran Bretaña de la Unión Europea), se puede contemplar con cierta complacencia cómo algunas de las empresas que han decidido hacer sus maletas y largarse del Reino Unido han optado por tomar al mercado español como alternativa apropiada, incluso por delante de algunos otros países europeos relevantes. Habrá que ver, pasados uno o dos años, cual es el balance de este relevo, es decir, cuáles han sido los destinos preferidos de los inversores, ingleses o de otras identidades, para ubicar sus negocios en una Unión Europea en la que Gran Bretaña se ha ausentado del escenario.

En los últimos tiempos han aparecido, sin embargo, algunos motivos de duda y de flaqueza entre los potenciales inversores. No entienden muchos, y así lo han expuesto a los cuatro vientos, incluidas las quejas ante los sectores más influyentes del Gobierno español, como en el país proliferan algunas actitudes que contribuyen a frenar nuevas operaciones de inversión. En los últimos tiempos han llamado la atención algunas posiciones políticas patrocinadas incluso desde las esferas gubernamentales españolas, en las que se cuestiona la figura del Jefe del Estado y la forma de Gobierno, la Monarquía, o el permanente acoso del que es objeto el Poder Judicial, todo ello con claras críticas a lo que en la mayoría de nuestros socios europeos se considera como Estado de Derecho.

En el plano más estrictamente económico, muchos inversores extranjeros critican las formulaciones que se han realizado últimamente, como la confección de un Presupuesto que apoya su discutible equilibrio en unas previsiones de ingresos bastante poco creíbles, con un apoyo a incrementos de ingresos fiscales que van en la dirección contraria de lo que se está legislando actualmente en la mayoría de los países desarrollados, o la insistencia en derogar una legislación laboral que refuerza unos postulados que en poco favorecen el impulso de una economía competitiva o el impulso de normas que prohíben los desahucios y que constituyen una clara invitación a la ruptura de acuerdos que han favorecido importantes inversiones, que en estos momentos comprometen muchos miles de millones de euros de inversión.

La inseguridad jurídica es uno de los motivos principales de queja que en estos momentos formulan muchos inversores que tienen paralizadas sus decisiones económicas para incrementar su actividad en España.