El Estado de las Autonomías se inventó para permitir que los diversos territorios que integran la nación española disfrutasen de un grado de libertad  razonable para que cada cual hiciera ciertas cosas, tampoco muchas, a su manera, con  criterios diferenciados buscando, eso sí, el mayor grado de eficacia y la mayor conveniencia para sus intereses.

Esa era la pretensión, aunque durante estos últimos años se han vivido episodios polémicos, de rivalidad entre Autonomías, en disputas interminables para ver quien obtenía mayores réditos de esta forma de organizar el Estado. Pero resulta  bastante insólito lo que empieza a suceder ahora, con la revisión de algunas de las  figuras tributarias que se crearon para  facilitar el progreso de las Autonomías.

Se trata, en efecto, de una marcha atrás, de una revisión a fondo del sistema  no para acelerar la libertad de los entes autonómicos en busca de mejores oportunidades de crecimiento sino lo contrario, una vuelta atrás, para restar  los avances de algunas entidades, en concreto la de la Comunidad Autónoma de Madrid, que es la  única de las 17 Autonomías españolas que ha optado por convertir  esa ventaja comparativa en un mecanismo de crecimiento adicional. Un mecanismo que tiene por objetivo ordenar a los entes autonómicos  por la zona de mínimos.

El Gobierno, presionado por  uno de los partidos que tradicionalmente ha buscado con más ahínco las diferencias entre territorios, Esquerra Republicana de Cataluña (ERC),  ha  aceptado el reto de suprimir de facto la libertad de las Autonomías para fijar el nivel tributario con el que gestionar la presión fiscal por la vía del Impuesto sobre  el  Patrimonio.

Madrid renunció hace algo más de diez años a esta libertad, es decir, dejó exento del pago del tributo a todos los sujetos pasivos del mismo con mayor grado de riqueza,  lo  que dicho de forma clara y sencilla afecta al colectivo de  ciudadanos con mayor patrimonio y fortuna, las clases económicamente  más poderosas. Con esta supresión fiscal, la Autonomía madrileña ha pretendido desde el principio renunciar a  unos ingresos tributarios que gravaban a los sectores en principio más dinámicos de la sociedad.

El balance no ha debido ser del todo malo, aunque el importe del dinero que se juega en este tributo es de cuantía bastante marginal, ya que apenas afecta al 1% de los ingresos totales del Estado. La medida que ahora adopta el Gobierno es, no obstante, un  paso en la dirección contraria a la competencia entre territorios, algo que en principio parecía la vía acertada para estimular el crecimiento económico. El  cambio consistirá en igualar el tributo para todo el  país, de forma que los españoles de los sectores económicos  más privilegiados paguen el mismo tributo sobre el Patrimonio. Esta medida de apoyo a la igualdad  restará incentivos a los ciudadanos y empresas  de una Comunidad Autónoma, la de Madrid,  en la que el mero hecho de disponer de mayor patrimonio  ya no va a gozar de  una  cierta ventaja fiscal. Lo que por desgracia no está claro es en qué medida esta igualación fiscal va a  favorecer el crecimiento y la inversión,  sobre todo en el conjunto del país. En principio, todo parece indicar que ejercerá una influencia en sentido contrario aunque no está claro que  la supresión de incentivos a Madrid vaya a mejorar las condiciones competitivas del resto.