La fiscalidad de Madrid, en el punto de mira

El largo proceso de elaboración de los Presupuestos del Estado suele ser ocasión propicia para colocar algunas piezas que no se corresponden exactamente con lo que es un balance anual de ingresos y gastos. Cada año debe tener sus propias preocupaciones, conectadas con la realidad del momento y con el estado de la economía.

Este año se ha estado discutiendo durante muchos meses, demasiados, el Presupuesto del año 2021 después de tres años de vacío, es decir, de prórrogas de un Presupuesto anterior, heredado además de un Gobierno de diferente color político. La dilación ha sido, por ello, ocasión propicia para intentar colar cuestiones que son de alcance de medio plazo y que, en sentido estricto, corresponden a otros ámbitos legales.

Parece que estos intentos tendrán un recorrido legal y político limitado porque, al final, las leyes del país son las que son y hay instancias superiores que permiten encauzar los intentos de reformas por los cauces ortodoxos. Lo cierto es que en el debate presupuestario se están intentando colar algunas iniciativas que implican un correctivo a la Constitución que no resultan procedentes. El más sonoro es el que trata de suprimir la potestad que tienen las Comunidades Autónomas de regular la cuantía de algunos tributos, en particular el del Patrimonio. Un tributo que las Autonomías pueden llegar a colocar en una situación de total exención.

Ni qué decir tiene que el dardo va directo contra los intereses de la Comunidad de Madrid. La enmienda que ha presentado el partido separatista catalán ERC pretende suprimir las exenciones fiscales que las Autonomías tienen la potestad de asignar a algunos tributos, particularmente al del Patrimonio.

La Comunidad de Madrid es la única que en su momento, hace más de diez años, optó por reducir la tributación del Impuesto sobre el Patrimonio a niveles mínimos y simbólicos. A partir de ese momento se ha producido un efecto de semi paraíso fiscal, según reprochan algunas Autonomías, en favor de Madrid, cuya Autonomía ha optado por liberar a sus ciudadanos y a los accionistas de empresas del ámbito fiscal madrileño del pago de ese impuesto, cuya capacidad recaudatoria ronda en la actualidad los 1.000 millones de euros, tomando como referencia tipos impositivos normales.

Llama la atención el hecho de que este intento de recentralización (recorrer el camino de vuelta a lo que ha sido el proceso autonómico) lo protagonice un partido de corte separatista, el catalán ERC, que propone establecer un tipo de gravamen único e igual para todo el territorio español. A la postre, lo que proponen los líderes de este partido político, que cuenta con apoyos firmes o algunos soterrados (se sospecha que en el mismo ámbito del principal partido gobernante) es igualar la tributación para toda la geografía española sin ámbitos particulares, como reconoce la Constitución. Es una doctrina que choca abiertamente con los postulados separatistas o, en el más suave de los postulados, con una estructura federal, que es la versión edulcorada que los socialistas catalanes han sacado a relucir durante estos últimos días para dar soporte a la demanda de ERC, aliado en la aprobación de los Presupuestos.