Prometedor apoyo a las pensiones

El principal mérito del nuevo informe sobre la reforma de las pensiones que acaba de aprobar, en un hecho ciertamente insólito para el desempeño de la actual legislatura del Congreso, es precisamente la alta aquiescencia de las fuerzas políticas a las recomendaciones para reformar la Seguridad Social. No se trata de recomendaciones muy estrictas y en realidad se despachan con un genérico recordatorio de las cosas que deberían ajustarse para lograr un fin deseado y buscado desde hace años, pero que cada año que pasa se va desviando de la finalidad principal, la de asegurar las rentas de los afiliados a la Seguridad Social de por vida. La supervivencia del sistema está sometida a numerosos riesgos, algunos de los cuales han sufrido un deterioro bastante agudo en los últimos años e incluso en los meses más recientes.

Las recomendaciones cuentan, en todo caso, con un amplísimo consenso, al menos en lo que atañe a los puntos de conflicto. Uno de ellos es el que debería descargar a la Seguridad Social de una serie de gastos que se le han ido endosando al sistema pero que no le corresponde pagarlos a los afiliados al sistema, ya que hay una serie de cuestiones, como algunas ayudas familiares o recursos de apoyo al desempleo, que deberían ser asumidos por los Presupuestos del Estado, es decir, costearlos con dinero de los impuestos.

El hecho de que la enumeración de los problemas a resolver haya alcanzado un elevado grado de consenso político no es más que el punto de partida para resolver los desajustes que están contribuyendo a incrementar el déficit del sistema.

Lo que habría que pedirle a las fuerzas políticas es un mayor grado de coherencia a la hora de adoptar, en paralelo, otras medidas que están agudizando en sentido contrario los problemas financieros de la Seguridad Social. Un asunto que en las últimas semanas ha suscitado bastante polémica y que finalmente ha sido incluido en el proyecto de Presupuestos del año 2021, es la drástica reducción de las bonificaciones al ahorro que estaban hasta ahora vigentes, lo que permitía a los inversores particulares acumular ahorro, gracias a un apoyo fiscal apreciable en las suscripciones de planes de pensiones y otros instrumentos similares de ahorro.

Esta acumulación de capital supone en la práctica un alivio para los desembolsos que ha de afrontar la Seguridad Social en el futuro ya que mejora la posición financiera de las familias y, por lo tanto, su dependencia de las prestaciones del sistema. Es un mal paso restar capacidad de ahorro a los particulares, en especial a los que van a resultar más afectados, los trabajadores autónomos, que se ven abocados a una dependencia casi plena de los recursos de la Seguridad Social, lo que influye en la presión financiera sobre este organismo además de limitar el potencial de crecimiento de los emprendedores y de los empresarios particulares.

Las reformas que precisa el sistema son muchas y de calado. Pero, de forma paralela, no deberían adoptarse medidas que agudicen el actual desequilibrio, ya de por sí bastante considerable.