Cuando el Gobierno se critica a sí mismo

Hay que buscar y rebuscar con ahínco para encontrar en la literatura económica de estos últimos días algún elogio para los planes económicos del Gobierno español. Leyendo el contenido del Presupuesto del Estado, el sentimiento más generalizado es el de escepticismo. Hay rechazo a las previsiones y a las medidas que se propone el Gobierno. La mayor parte de las críticas provienen de personas, organismos e instituciones en alguna medida de la órbita oficial y cercanas por lo tanto al Gobierno. Es decir, el Gobierno contra el Gobierno, en un ejercicio de malabarismo difícil de admitir.

La mayoría de las críticas se centran en cuestiones bastante básicas. La Comisión Europea, quizás la institución que nos debería merecer una mayor dosis de atención, no encuentra más que contratiempos: los expertos de Bruselas no se creen las previsiones de crecimiento del PIB para el año 2021 y ven más nivel de paro, más déficit del que el Gobierno y a la postre más deuda. Es importante lo que el Presupuesto suscita en Bruselas ya que de esta valoración depende en buena medida el apoyo que puede recibir España de los fondos europeos. Una cosa tienen clara en Bruselas y pocos rechazan: España es el país que más está sufriendo con la pandemia y el que más recortada verá su actividad económica, lo que el Gobierno español parece no haber percibido todavía en su integridad.

La primera deserción, si así se la puede denominar, ha sido la más dolorosa para el Gobierno en la medida en la que procede del Banco de España. El Gobernador no se ha cortado un pelo al desbrozar algunas de las deficiencias a las que se enfrenta la conducción de la economía española en los próximos meses.

Ha llamado en especial la atención la crítica lanzada por Hernández de Cos en relación con el aumento de las pensiones y sobre todo con el incremento de los salarios de los funcionarios, es decir, dos sectores, en especial el segundo, que viven de sus ingresos procedentes del Estado y que tienen duración indefinida, a diferencia de los ingresos salariales que perciben quienes tienen empleo en el sector privado y están por lo tanto expuestos a las leyes de la oferta y la demanda no solo en lo que atañe a los niveles salariales sino a la pervivencia del mismo empleo.

Subir los salarios de las personas que viven del sector público (aunque se trate ciertamente de una subida casi simbólica, que se podría haber ahorrado el Gobierno sin grandes críticas) es una medida poco defendible en un país en el que la tasa de paro sube sin cesar y ha aumentado durante la crisis de la pandemia de forma importantísima. Además, puestos a buscar otro tipo de argumentos, tampoco se puede decir, que la situación de la inflación (en baja) justifique un incremento de los salarios, ni en el sector público ni en el privado.

Otra institución pública que tampoco ha ahorrado críticas al Gobierno ha sido la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (la Airef), responsable de velar por la sanidad y autenticidad de las cuentas públicas. La Airef ha lanzado duras críticas a las previsiones económicas del Gobierno, que ha calificado de optimistas.

Este organismo anticipa incluso cifras de desviación en materia de ingresos tributarios. Los ingresos por impuestos han sido claramente inflados. Cree que estos estarán en realidad unos 9.000 millones por debajo de las previsiones contenidas en los Presupuestos. Es una desviación realmente importante pero que el propio organismo se anticipa a calificar de hipótesis prudente. Si las cosas van peor de lo previsto, el descuadre entre los ingresos previstos y los reales podría llegar nada menos que a superar los 18.000 millones de euros, es decir, el doble.