Seis meses, demasiada paralización para la economía

Los cálculos que están realizando algunos analistas sobre el impacto que puede causar en la economía española el largo periodo de  excepción, más de seis meses, que se acaba de abrir con las medidas aprobadas por el Gobierno, producen seria preocupación en todos los ámbitos de la economía, desde el sector empresarial hasta las instancias financieras internacionales.

Este prolongado periodo de interrupción  de la actividad económica normal, que se prolongaría en  principio hasta principios del mes de  mayo,  va a destruir literalmente sectores enteros de la actividad económica, la mayor parte de ellos vinculados al sector servicios, como la hostelería, la restauración y otros similares. No será fácil restaurar la actividad a ritmos razonables en la mayor parte de estos sectores, que sencillamente serán incapaces de sobrevivir a una etapa dilatada de  paralización.

Mientras  los políticos debaten sobre la  necesidad de adoptar medidas firmes contra la pandemia aplicando plazos de tiempo bastante dispares entre sí (entre las seis semanas que proponen algunos partidos hasta los casi siete meses que preconiza el Ejecutivo), el propio Gobierno propone una serie de medidas de reforma económica a las autoridades comunitarias (hasta ocho  proyectos de reforma en campos clave de la economía), que  no resultarán aplicables ni factibles en un estado de  semiparalización económica y de elevado grado de incertidumbre. Da  la impresión de que en el seno del Gobierno español existen dos tendencias contrapuestas que casan mal entre sí y que dificultan el progreso de la economía.

No hay más que leer entre líneas las dificultades que están  encontrando los autores del Presupuesto del Estado para el año 2021,  un  documento que está tropezando  con serias contradicciones en ámbitos como  la fiscalidad o la regulación de actividades económicas como el alquiler de viviendas con propuestas de precios limitados.

En definitiva, mientras una parte del Gobierno intenta endulzar las propuestas de renovación  y modernización  económica para lograr convencer a Bruselas de que  España es digna de confianza para recibir las cuantiosas ayudas económicas que se barajan, otra parte del Gobierno se empecina en subir impuestos a sectores sensibles de la vida económica (generalmente los más involucrados con la capacidad de creación de riqueza y dinamización económica) para congraciarse con sectores  más necesitados de apoyo económico.

Qué duda cabe de que en la actual crisis económica, las demandas de ayudas sociales  están creciendo exponencialmente y más que lo harán si  un prolongado periodo de inactividad económica  provoca aumentos sustanciales del desempleo y del cierre de empresas medias y pequeñas, además del cese de la actividad en el amplio segmento de los autónomos.  Atender estas dos  necesidades de forma simultánea no es fácil. Posiblemente resulte imposible. Pero paralizando la economía con altas dosis de  confinamiento durante periodos de tiempo tan  elevados es una apuesta segura a la recesión interminable.