Hablar de impuestos y no de bajar el gasto

El debate sobre la fiscalidad está en el centro del debate sobre lo que tienen que hacer los políticos en los próximos meses para tratar de sacar a la economía del frenazo en el que vive como consecuencia del coronavirus. El punto de partida es bastante crítico: España ha alcanzado niveles de deuda que resultan posiblemente insoportables, es decir, que pueden lastrar nuestra capacidad de crecimiento para los próximos años.

Hemos roto la barrera del 100% de déficit sobre PIB y todo apunta a que el año 2021 veremos porcentajes superiores al 115% e incluso cercanos al 120% del PIB. Es decir, una deuda que supera la capacidad de producción anual del país. Por muchas vueltas que se le dé al asunto, este es un nivel de endeudamiento inviable, ya que exigirá como primer paso volver al superávit anual (es decir, cada año ingresar más de lo que se gasta), lo que resulta difícil de considerar debido a que la economía se quedaría sin fuerza para afrontar servicios esenciales, como la sanidad, la educación, la seguridad, las obras públicas,…

El Gobierno ha propuesto un aumento de los impuestos para el año próximo de unos 7.000 millones de euros. No está claro de dónde van a salir estos ingresos fiscales adicionales, ya que el logro este objetivo exigirá nuevas figuras fiscales o reforzamiento de algunas de las ya existentes. Es un camino inverso al que están proponiendo los Gobiernos de los principales países de la Unión Europea, en los que predominan las propuestas de rebaja de impuestos con objeto de impulsar la inversión y la actividad y, de este modo, crear empleo y acelerar el crecimiento económico (el PIB) para, de este modo, sanear la economía, con un balance más adecuado para la creación de riqueza.

La propuesta generalizada en Europa choca con los propósitos anunciados por las autoridades españolas. No está nada claro que ir a contra corriente facilite la creación de riqueza en España, ya que ahuyentará la inversión extranjera e incluso desviará flujos de inversión que están apostando por España y que, en condiciones adversas, escogerán otras vías.

La subida de impuestos en España tropieza con el sentido común (los demás, es decir, nuestros competidores más próximos, están haciendo lo contrario, en detrimento por lo tanto de nuestras expectativas de mejora) y va a encontrar la oposición de algunas instituciones comunitarias, que no se mostrarán muy dispuestas a conceder a España las ayudas previstas en los planes de apoyo económico. Nadie quiere tirar el dinero ni apostar por un país que no tiene claras sus prioridades económicas y sociales.

No se han explorado las posibilidades de frenar el gasto, que sería una de las estrategias posibles, y desde luego necesarias, para reducir el endeudamiento. Hablar de más impuestos, cuando los demás países de nuestro entorno están predicando lo contrario, es bastante suicida y sobre todo presenta el lado más oscuro de la estrategia económica. Desde luego el problema no solo radica en que no se estén adoptando medidas de frenazo al gasto público sino que ni siquiera se habla de ello y el país carece de sensibilidad para detectar este asunto como un problema. Quizás una mezcla de ajuste de gastos y retoques de impuestos sería una solución más útil.