Gobierno con menos reglas económicas

Al Gobierno le estorban cada vez más las reglas y en las últimas semanas ha desplegado una intensa actividad para suprimir aquellas que siembran de obstáculos su vida política en el Congreso. Es un camino hacia la autocracia que no presenta buenas perspectivas. En el plano económico, la última excepción en las normas la acaba de adoptar el Gobierno echando mano de las excepciones previstas en relación con la aprobación del gasto público total, cuyo techo ya no impondrá límites a la acción económica del Ejecutivo, y con la fijación de los objetivos de déficit público.

Es decir, el Gobierno contará con vía libre para superar el techo del gasto total y para rebasar los límites del déficit público, dando de esta forma satisfacción a los grupos políticos de carácter minoritario que se venían mostrando reticentes a facilitarle al Gobierno la mayoría parlamentaria necesaria para aprobar los Presupuestos hasta la fecha. En la práctica, la ausencia de límites en ambos capítulos (gasto público y nivel relativo del déficit) abre las puertas a las aspiraciones políticas de algunos partidos que gozan de muy escaso peso político pero cuentan con un poder disuasorio para sacar adelante algunas de sus aspiraciones políticas de difícil aceptación en el contexto de una mayoría parlamentaria.

La liberación de estas dos obligaciones da la oportunidad al Gobierno de aprobar en fecha breve, dentro de unos meses, ya entrado el año 2021, los Presupuestos del Estado para el año en cuestión. Esta aprobación será ahora más fácil que en los meses últimos, durante los cuales los numerosos obstáculos que imponen algunos partidos políticos estaban retrasando en demasía la aprobación de estos Presupuestos que ya entraron en vigor tras su presentación para el año 2018, es decir, cuando dirigía el departamento responsable de los Presupuestos públicos era Cristóbal Montoro.

Estos Presupuestos del año 2018 van a estar vigentes hasta después de finales del año 2020, lo que significa que España entrará en su cuarto ejercicio consecutivo sin tener una idea precisa lo que va a poder gastar y cómo en el ejercicio entrante. No resulta, desde luego, un ejercicio muy gratificante y en todo caso escasamente democrático, en la medida en que el Gobierno en ejercicio carece de reglas básicas para manejar la economía del país con arreglo a criterios políticos acordes con el programa de quien gobierna.

Ahora, suprimidos los límites legales al gasto y al déficit, el Gobierno tiene libre disposición para gastar tanto dinero como le apetezca, sin sujeción alguna al tamaño de la economía, lo que constituye un auténtico disparate. Solo hay una norma o impedimento que puede poner límites a la voracidad gubernamental y es el condicionamiento que pueda establecer la Comisión Europea a la hora de aprobar las importantes ayudas económicas y financieras que precisan los países más afectados por la pandemia, entre los cuales España ocupa un puesto de singular importancia. Por lo tanto, de alguna forma, seguirán existiendo ciertos límites a la acción del Gobierno en materia económica aunque estas dos excepciones le permiten flexibilizar un poco su actividad política.