Una sentencia sin culpables

La sentencia de la Audiencia Nacional sobre la salida de Bankia a Bolsa ha causado bastante estupefacción en medios políticos y económicos. Sobre todo en los políticos y en general en los ambientes económicos ya que no se entiende muy bien el sentido de un pronunciamiento legal de tan alta institución a la hora de emitir su veredicto sobre la que ha sido una de las mayores chapuzas que se han producido en el sector financiero de nuestro país.

Bien es verdad que quienes ahora se han lanzado a criticar el contenido del veredicto han puesto su atención en algunos aspectos colaterales de la crisis de Bankia y no tanto en el hecho que se sometía al análisis, que en concreto era la salida a Bolsa de la entidad financiera. Al triunfalista llamamiento que realizaron los gestores de Bankia, con su presidente, Rodrigo Rato, a la cabeza, invitando a comprar acciones del banco, le sobraba realmente una buena dosis de sensatez y prudencia.

Acudieron al llamamiento unos 360.000 inversores. Poco tiempo tardaron en ver defraudadas las brillantes expectativas que se les habían ofrecido en la abundante parafernalia que los gestores pusieron en marcha para vender la bondad del producto. La imagen del propio Rato, recientemente llegado de Estados Unidos en donde había sido nada menos que máximo responsable del Fondo Monetario Internacional (FMI) y antes vicepresidente del exitoso (en lo económico) Gobierno español, dieron su aval a la calidad de lo que se ofrecía a los inversores. Esto sucedía en julio del año 2011.

Pocos meses después, en mayo del año 2012, Rato dimitía del cargo ante la mala racha de la entidad, incapaz de dar cumplimiento a sus promesas de rentabilidad. Unas semanas después, el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB, organismo público) intervenía la entidad, con la inmediata reformulación de las cuentas del año 2011, que inicialmente se habían presentado con unos beneficios de más de 300 millones de euros (dato que se ofreció a la galería, de cara a la suscripción por los inversores particulares) y que a la hora de la verdad presentaban unas pérdidas de casi 3.000 millones de euros.

La diferencia entre unas cuentas y otras era un auténtico escándalo y más habida cuenta de que habían sido firmadas y aprobadas no solo por el Consejo de Administración del banco sino por el Banco de España y otras instituciones públicas, incluido algún auditor privado contratado para el asunto.

Lo que acaba de dictaminar la Audiencia Nacional es precisamente este proceso de despropósitos, en el que quedan absueltos todos los directivos del banco pero nada se dice de las responsabilidades en las que habían participado e incurrido también los diversos organismos públicos y privados que tuvieron parte activa en este pintoresco proceso, que acabó por hundir en el descrédito a la entidad y a una parte del sector financiero español, además de provocar pérdidas importantes para el Estado, por encima de los 24.000 millones de euros, que al día de la fecha nadie sabe cómo se van a recuperar, aunque la mayor parte de los expertos y analistas creen que las expectativas de recuperación son más bien escasas o incluso nulas.

La formulación de las acusaciones parece haber dejado bastante que desear en todo este proceso, del que lo mejor que podría decirse quizás es que no se hubiera celebrado bajo ninguna circunstancia.