Las condiciones de las ayudas europeas

El debate sobre el empleo de los fondos comunitarios de ayuda a las economías europeas para salir de la crisis del coronavirus no va todo lo rápido que desearían los Gobiernos europeos, en especial algunos como el español, que tiene en las ayudas comunitarias (unos 60.000 millones en ayudas no reembolsables, aunque con un importe global bastante superior, de hasta 140.000 millones de euros, cuando se incluyen las ayudas de todo tipo) una tabla de salvación de importancia vital para recuperar el ritmo económico perdido con la paralización derivada de la pandemia. España ha pasado de liderar el crecimiento en la zona euro a situarse en el furgón de cola. Y todo ello porque la paralización de la economía ha impactado de forma especial en algunos sectores vitales para el país, como el turismo. Recuperar ese papel de liderazgo no va a ser tarea fácil ni desde luego inmediata.

Pero la negociación que en estos momentos se desarrolla en Bruselas para analizar la asignación de las ayudas económicas comunes está poniendo el énfasis de forma especial en las reformas que habrán de adoptar los Gobiernos. La condicionalidad de las ayudas y del dinero que van a recibir los países, sobre todo en el caso de España, estarán seriamente condicionadas a la adopción de una serie de reformas en la economía. Esta condicionalidad, en el caso español, afecta sobre todo a la reforma de las pensiones, auténtico telón de Aquiles del futuro económico y d el sector público español en los próximos años, y a la reforma de la regulación laboral que facilite y refuerce la contratación indefinida.

Estos dos puntos se están convirtiendo en el eje de las conversaciones entre Bruselas y las autoridades españolas y también en el seno del Parlamento Europeo, en donde se van a dirimir algunas de las oportunidades que ofrecerá a España el conjunto de ayudas europeas.

El abanico de condiciones con el que las ayudas europeas van a regular el volumen del dinero recibido y el mantenimiento de estos apoyos también afectará a reformas económicas importantes que habrá de afrontar el país en materia de inversiones públicas, digitalización de la economía, un escenario energético más volcado en la energía verde, reformas implicadas en la mejora del sistema educativo y de la atención sanitaria, entre otros.

Está claro, según muchos analistas, que la cuantía de estas ayudas es una oportunidad histórica para que España afronte una serie de reformas que sean capaces de reorientar hacia la modernidad de la economía hacia unos mejores niveles de productividad y eficacia y, en todo caso, para crear una economía competitiva con el resto de los colegas europeos, lo que en buena medida incluye algunas opciones políticas muy claras, que descartan algunas veleidades que en los países europeos tienen escaso predicamento en estos momentos de turbulencias.

Esta oportunidad puede ser la más decisiva para que la economía española afronte una orientación que desde nuestro ingreso en la Comunidad Económica Europea apenas ha tenido más directrices que las fijadas en Maastricht, que a estas alturas aparecen bastante superadas. La unidad europea está en juego con mayor énfasis de lo que lo ha estado en los años de la reciente crisis. La pandemia ha creado un nuevo nivel de exigencias que va a marcar el futuro.