Los compromisos españoles con Europa   

El aire triunfalista con el que el Gobierno ha reanudado su presencia institucional tras  la larga cumbre europea  no encaja bien con los cacareados beneficios obtenidos por España en el balance final del acuerdo. Superados los aplausos y la venta del presento éxito de Sánchez, del que sería lógico alegrarse su pudiéramos disponer de compromisos que lo justifiquen,  llega la hora de  explicar al país lo que realmente  va a cambiar en España como consecuencia del ambicioso acuerdo paneuropeo.

No es posiblemente este el momento  más  adecuado para  darle aire a los aguafiestas pero hay que recordar que las grandes cifras que se manejan para que Europa disponga de recursos para superar la pandemia  esconden algunos borrones presupuestarios poco confesables, que pueden tener como víctimas a algunos sectores económicos españoles, como la agricultura o las áreas afectadas por  los cierres de centrales térmicas y la anunciada supresión del carbón y de otras fuentes energéticas, que juegan un importantísimo papel en la producción de electricidad en nuestro país.   Estos  dos apartados tendrán que  salir a la luz tarde o temprano, más bien pronto, ya que algunas de las partidas presupuestarias señalizadas para afrontar  este tipo de asuntos ya están fuera del foco presupuestario desde hace algún tiempo.

Bien es verdad que las energías renovables van a desempeñar un papel muy destacado, o al menos eso se ha proclamado desde instancias comunitarias e incluso españolas, en  el diseño de la  futura política energética del país. Se supone que este cambio energético absorberá importantes inversiones e incluso cuantiosos recursos a fondo perdido en el inmediato    futuro, ya que España tiene una estructura energética necesitada de una importante remodelación. De hecho, algunas de las grandes empresas españolas del sector desarrollan ya la mayor parte de su actividad eléctrica en países extranjeros, lo que  significa que muy  bien podrían afrontar una protagonismo especial en España.

La tarea que  se le presenta ahora al Gobierno debería partir de una exposición de todos los compromisos y medidas que ha asumido en el curso de las negociaciones con el resto de los países europeos para  tener acceso a los importantes flujos de financiación que se le han concedido a España.  Esos compromisos  están bastante inéditos por el momento pero habrán de salir cuanto antes a la luz y ser objeto de debate público.

La nebulosa con la que está siendo tratado el asunto de la reforma laboral es quizás uno de los temas más llamativos. Es una cuestión  de alta sensibilidad pero seguimos sin saber a estas alturas si  la famosa reforma laboral va a ser reformada para eliminar los elementos de flexibilidad que contiene o si, por el contrario, se va a avanzar en la dirección de una mayor apertura hacia nuevos elementos de  perfil  aperturista, como vienen reclamando algunos sectores del empresariado e incluso algunos organismos internacionales, que insisten en el impacto negativo que la legislación laboral española sigue teniendo para  la creación de empleo.

De todos los  desajustes que presenta el  aparato institucional español, el de las pensiones es el que más esfuerzos va a exigir con vistas a crear un sistema más homologable con el dominante en Europa y sobre todo más sostenible desde el punto de vista de la solidaridad entre generaciones. El sistema deja mucho que desear y posiblemente ha llegado ya el momento de hacerle un buen repaso ahora que hay apremio y posiblemente nuevos esquemas de financiación para abordarlo.