El dinero de la UE

El plan de reconstrucción europeo cuyos primeros pasos acaba de aprobar la Unión Europea  puede convertirse en un paso histórico en la vida de la UE en la medida en que profundiza en políticas comunes y de solidaridad interna que hasta ahora no habían sido aplicadas. Está por ver en qué se traduce el contenido definitivo de este nuevo plan de  recuperación, dotado en un principio con 750.000 millones de euros, ya que las aportaciones de dinero a los socios no serán  incondicionales.

Unos 500.000 millones de euros  serán aportaciones a fondo perdido y los restantes 250.000 millones  serán créditos que los Estados habrán de devolver. De este importe total, España recibirá unos 140.000  millones de euros, de los cuales unos 77.000  millones de euros serán aportaciones  en forma de subvenciones, siendo España el segundo país de la UE por volumen recibido, tras Italia. La UE considera que los dos países grandes de la zona euro que forman parte del llamado club Mediterráneo. Los 63.000 millones de euros serán aportaciones en forma de créditos reembolsables.

Este  masivo  aporte de dinero  abre una etapa de análisis y aplicación de políticas en las que los Gobiernos de la Unión tendrán que delimitar con precisión los compromisos a los que se enfrentarán para recibir el dinero, sea este en forma de aportación sin condiciones o de préstamo reembolsable.  Es aquí en donde van a estar los principales escollos del nuevo e inédito plan, con el que Europa entre en una nueva fase histórica ya que por primera vez, además de lanzar al mercado una emisión masiva para captar recursos en los mercados con la garantía del conjunto de la UE, parte de estos recursos será destinada en forma de subvención no retornable.

Ésta es la principal novedad del nuevo planteamiento que acaba de lanzar Bruselas tras el histórico acuerdo sellado por alemanes y franceses hace escasas fechas. La novedad del planteamiento afecta, como es lógico, a las contrapartidas, ya que  la UE abrirá por primera vez en su historia unas exigencias muy precisas que tienen relación directa con las políticas que desarrollan los países en determinadas áreas. Es un precedente interesante porque Bruselas tendrá potestad para inmiscuirse en las decisiones de los Estados miembros como condición necesaria para recibir subvenciones y créditos.

Una de las condiciones que Bruselas va a plantear, y que se está ya discutiendo entre los expertos de los diversos países, es la asignación sectorial de recursos y la forma en la que se modifican las decisiones fiscales, por ejemplo en lo que atañe a la subida de impuestos. Este último punto tiene especial importancia sobre todo para un país como España, en donde se están discutiendo subidas de la fiscalidad orientadas a la incrementar la presión tributaria sobre rentas altas, el famoso “impuesto para los ricos” que con tanto énfasis  está defendiendo el populista Iglesias. Las intenciones de la UE parece ir por otro camino, sobre todo en lo que  se refiere a los incrementos de la fiscalidad, poniendo el  énfasis en el impulso de políticos como  le defensa del medio ambiente, las energías renovables y  otras políticas como la mejora de la competitividad o el reforzamiento de las políticas sanitarias y de investigación orientada a la lucha contra epidemias como la que ha ocasionado la actual recesión.

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