Una reforma laboral con méritos propios

La propuesta firmada por tres partidos políticos (los dos del Gobierno más Bildu) para derogar la polémica reforma laboral vigente ha levantado una polvareda política que está fuera de toda lógica. La legislación laboral española, como la de cualquier país, es un tema muy serio y profundo, que no puede tomarse a la ligera mediante un escueto acuerdo adoptado con nocturnidad y a espaldas de los principales protagonistas, es decir, empresarios y trabajadores, patronales y sindicatos.

Ninguno de los tres firmantes cuenta con representatividad suficiente  entre los grandes colectivos afectados como para sellar un acuerdo de tan amplias pretensiones. Máxime cuando se manifiesta de forma expresa que se trata de derogar de forma completa el contenido actual, no un simple cambio de matices o de cuestiones parciales. Aquella ley, aprobada en febrero del año 2012, contó con un importante grado de adhesión porque se entendía que sus objetivos básicos, entre ellos la flexibilidad de las normas de contratación y el abaratamiento del despido, deberían  facilitar  un aumento del empleo.

La derogación completa de esta legislación ha sido presentada casi como una escaramuza de oportunidad, sin entrar a fondo en los numerosos matices que encierra este complejo asunto. Ha sido, además, el resultado de un cruce de alianzas en el que el objetivo principal  poco tenía que ver con la  regulación laboral  sino que se trataba de buscar el apoyo  indirecto a una cuestión lateral, el alargamiento del estado de alarma, lo que requería la abstención de un grupo político como Bildu, que poca sintonía tiene con el principal partido del Gobierno de Sánchez.

La legislación laboral española ahora vigente ha gozado de numerosas adhesiones, empezando por las de ámbitos internacionales, ya que ninguno de los grandes organismos que se pronuncian sobre la regulación laboral  de la economía española o a los que pertenece España mimo miembro de pleno derecho, caso de la Unión Europea, han dejado de elogiar las últimas modificaciones adoptadas hace unos años, durante la etapa en la que el PP ocupó el Gobierno del país con mayoría absoluta en el Congreso. La reforma que hace unos años se llevó a cabo recogía precisamente muchas de las sugerencias de los organismos internacionales y desde luego el veredicto de numerosos analistas y expertos, preocupados por la  falta de eficiencia del mercado laboral español y su alta propensión a crear altas tasas de desempleo.

Cabe recordar que la etapa durante la cual ha estado vigente la reforma laboral que ahora se pretende suprimir de un plumazo, España ha pasado de unos 6,2 millones de parados (el 26% de la población activa) hasta 3,3 millones de parados, un 14,4% de la población activa. El avance ha sido importante, sobre todo porque se ha producido en una etapa de aumento de la población activa, lo que aporta mayor mérito a la creación de nuevos empleos, como reflejan las estadísticas de la Seguridad Social. Por lo tanto, echar por tierra  una legislación que tantos méritos puede exhibir en  su haber podría ser una seria temeridad, máxima en estos momentos en los que preservar el empleo se  va a convertir en una tarea prioritaria para la sociedad española