Bruselas insiste en las críticas

La periódica reprimenda que emiten los sabios de Bruselas sobre las políticas que desarrollan los pupilos de los Estados miembros en materia económica suele ser benevolente. Este miércoles hemos conocido lo que dicen al Gobierno de Madrid y a los demás colegas de la UE. En lo que atañe a España, más de lo mismo. No somos un país muy disciplinado, vistas las cosas desde la capital comunitaria, aunque hay que reconocer que los escollos a los que nos enfrentamos en materia económica no son cosa menor. Los funcionarios de la UE nos ven con posición crítica y su enfoque sigue aportando críticas bastante similares a las de años anteriores, a pesar de que se nos reconoce un buen desempeño a la hora de navegar por las encrespadas aguas de la reciente crisis económica mundial.

La mayor parte de los enfoques críticos que emiten desde Bruselas son mera repetición de los que se vienen manoseando en los ejercicios precedentes. Es mal asunto que el país no progrese de forma radical en la corrección de los problemas, cuyo listado se parece año tras año, pero sin que ninguno de los asuntos críticos logre apearse de la lista.

A los expertos analistas de Bruselas les preocupa el elevado grado de endeudamiento de la economía española, tanto en su vertiente privada como en la pública. Los importantes avances de recorte de deuda de estos últimos años siguen pareciendo insuficientes. En el sector privado, la deuda global española equivale al 132% del PIB. En el público, ronda el 96% de lo que produce el país cada año. Hay una considerable diferencia entre un endeudamiento y el otro, ya que el privado se puede decir que es el resultado de un exceso de inversión mientras la deuda pública se sustancia de forma mayoritaria en la superabundancia de gastos corrientes, ya que el nivel inversor público está muy por debajo de lo que sería deseable.

La suma de estas dos deudas sitúa a España en una posición bastante vulnerable de cara al futuro, es decir, nos coloca en una posición delicada en el caso de que la economía entre en un estado de debilidad excesiva, como sucedía hace seis o siete años. Bruselas se queja del insuficiente esfuerzo de reducción de la deuda,+,. Hay que recordar que en los inicios de la crisis económica, España llegó a tener una deuda pública inferior al 40% del PIB. Si ahora estamos en el 96%, las posibilidades de impulsar la actividad económica mediante inversiones masivas son muy escasas.

Hay países en la UE que ya tiene superávit en sus cuentas y apenas han caído en el pozo del endeudamiento excesivo. Lo malo para la UE es que estos países con finanzas públicas más ortodoxas no invierten lo suficiente, lo que genera un estado de debilidad al conjunto de la economía europea que perjudica a todos. Es decir, los que tienen alta deuda como España no pueden invertir y los que tienen la deuda muy baja no invierten porque selo desaconsejan sus principios, en honor a la ortodoxia económica, caso de Alemania y algún otro país nórdico.

El reproche de la alta deuda que a estas alturas padece España es solo uno de los motivos de crítica de las autoridades europeas. Otro de los más serios es el poco acierto que ha puesto el país hasta la fecha para darle un carácter sostenible a la Seguridad Social y al sistema de pensiones. Es un asunto que España está afrontando con escasa determinación. Está claro que corregir el actual sistema de pensiones implica adoptar decisiones políticas costosas a las que pocos Gobiernos tienen la audacia de poner manos a la obra. Pero mientras el sistema no sea objeto de una corrección sensata, como nos recuerda la Comisión Europea, estaremos – empleando su propia terminología – “empeorando la desigualdad intergeneracional”. Detrás de un sistema tan poco justo en la distribución de las cargas fiscales y las rentas, hay importantes dosis de injusticia, que lastran las expectativas de mejora del empleo, es decir, la oportunidad de mejora de las rentas de las generaciones más jóvenes.