La desigualdad fiscal entre Autonomías

El debate abierto en España sobre la armonización fiscal entre las Comunidades Autónomas se ha recrudecido en las últimas semanas, aunque la cuestión viene de lejos. No había sido un tema de especial relevancia en el pasado, ya que la Constitución consagra como es lógico  la igualdad de trato fiscal para todos los españoles, pero dejó en su momento la vía abierta para que algunas Autonomías aplicaran exenciones fiscales en tributos que han sido cedidos parcialmente por el Estado.

Mientras no  fueron visibles los efectos de estas cesiones, nadie dijo nada. Las cosas empezaron a complicarse cuando en alguna Autonomía, caso de Andalucía,  empezaron a darse cuenta de la escasa utilidad que tenía aplicar altos gravámenes en algunos de los impuestos cedidos (caso del Patrimonio o de Sucesiones y Donaciones), que provocaban importantes distorsiones, sobre todo en algunos sectores de la clase media.

Los efectos de aplicar los niveles más altos en estos tributos empezaron a convertirse en mecanismos propios más bien de políticas confiscatorias mediante las cuales la Hacienda terminaba por quedarse con la propiedad de algunos bienes  que hasta entonces pertenecían a personas físicas que no podían hacer frente al pago del tributo debido a su elevada cuantía, por lo general superior al valor de los bienes afectados a precios de mercado. Como resultado de ello, ni la Hacienda autonómica mejoraba sus ingresos al no percibir el importe de los tributos que trataba de cobrar ni recibía ingresos  alternativos. Todo ello complementado con el impacto negativo que estas políticas tenían sobre la inversión y la creación de empleo.

La  diversidad de tratamiento en lo que se refiere a los impuestos cedidos ha sido bastante considerable por parte de las diversas Autonomías, proyectando un paralelismo entre estas políticas fiscales y la  posición ideológica de los Gobiernos autonómicos. Como es lógico, los partidos de orientación izquierdista han tratado de aplicar los tipos nominales más elevados en estos tributos y aquellos otros que han estado o están gobernados por  partidos de perfil conservador han apostado por aliviar al máximo las cargas tributarias.

Se puede decir que el balance ha sido generalmente favorable a las Autonomías del primer grupo si nos fijamos en los resultados recaudatorios, que es solo  una de las varas de medir la eficacia a la hora de considerar el papel de los impuestos cedidos y la recaudación alcanzada. Claro que esta es una de las dos posibles evaluaciones, ya que hay otra, más global, que refleja la eficacia de  los diversos niveles de recaudación.

Con las cifras en la mano, las Autonomías que más recaudan por los tributos cedidos (sin considerar los regímenes especiales de País Vasco y Navarra) son Cataluña (unos 3.000 millones de euros en el último año del que se tienen datos, el de 2017), Andalucía  (unos 2.000 millones de euros, Madrid (unos 1.900 millones de euros) y Valencia (unos 1.600 millones), con Baleares y Castilla y León en los puestos siguientes. Esta no es, desde luego, la clasificación del PIB de cada Autonomías por volumen, ya que Madrid ocupa la cabecera, seguida por Cataluña, Andalucía, Valencia, Galicia y Castilla León, sin contar con las dos Autonomías con régimen diferente ya mencionadas.

El debate que está ahora en plena efervescencia, si es que se puede hablar de debate,  tratará de reordenar este desbarajuste fiscal. El Gobierno, de signo socialista con aliados más a la izquierda,  está adoptando una actitud bastante beligerante con algunas Autonomías (Madrid es el principal punto de referencia debido a la cuantía de sus deducciones y a la cuantía del PIB, el más alto de España), en un intento de  revertir las políticas fiscales que más bajo han situado los impuestos cedidos. El modelo madrileño ha dado resultados bastante favorables, lo que está dejando en evidencia los excesos de recargos fiscales que han venido aplicando otras Autonomías.

Es una batalla en la que el modelo económico juega un papel esencial, un enfrentamiento, en definitiva, entre las políticas económicas  de corte liberal y las de estilo intervencionista. En este debate, Madrid gana por goleada cuando se toman baremos económicos esenciales como la tasa de paro, el volumen de inversión y el PIB regional, además de la renta por habitante, con diferencia la más alta de España.