El precedente de Red Eléctrica

Por la presidencia de Red Eléctrica han pasado algunos personajes ilustres de la vida económica española. José Folgado, economista de larga trayectoria al frente del Servicio de Estudios de la patronal CEOE ocupo el cargo durante bastantes años tras tomar el relevo de Luis Atienza, quien a su vez había relevado a Pedro Mielgo. Folgado entró como presidente en Red Eléctrica tras una etapa política en las filas del PP, como secretario de Estado en varias áreas económicas, la última la de Energía y Desarrollo Industrial y Pymes.

En marzo del año 2012 dejó la presidencia de la empresa energética para dejar paso a un alto cargo del Partido Socialista, Jordi Sevilla, uno de los más brillantes economistas que ha tenido este partido en los últimos años, con una dilatada presencia en varios Gobiernos del PSOE y en las altas esferas de algunos Gobiernos socialistas. También ha desempeñado cargos directivos en alguna empresa privada. En una última etapa antes de recalar en Red Eléctrica como presidente, en marzo del año 2012, Sevilla había llegado a ocupar una destacada posición entre los más allegados asesores de Pedro Sánchez, al que ha estado asesorando en cuestiones económicas, entre otras cosas como partícipe destacado a la hora de elaborar el programa económico del partido.

La dimisión este martes de Jordi Sevilla como Presidente de Red Eléctrica, una empresa promovida por el Estado hace bastantes años, durante la primera etapa de los socialistas en el poder, en el año 1985, ha levantado una considerable polvareda por la forma en la que sus propios compañeros de partido, en particular la nueva vicepresidenta cuarta del Gobierno, Teresa Ribera, le han preparado el camino de la dimisión. Ribera ha llegado con fuerza al Gobierno y Sánchez no ha tenido reparos en darle el poder suficiente como para hacerle la vida imposible al titular de la presidencia de la empresa, a pesar de su nula preparación empresarial ni como gestora ni como profesional conocedora del sector eléctrico.

El Estado tiene un 20% del capital de Red Eléctrica y el resto de las acciones está en manos de accionistas privados, algunos heredados de aquella etapa en la que Red Eléctrica fue fundada como poseedora de la red de alta tensión, una fórmula que se buscó para evitar la nacionalización del sector eléctrico, como propugnaban algunos sectores del propio PSOE. Ese defecto de origen quizás es lo que ha facilitado la injerencia sin matices de la nueva vicepresidenta en la gestión de la compañía, a la que pretende dirigir a golpe de teléfono, como si se tratara de un departamento ministerial.

La cuestión es que la actual Red Eléctrica difiere mucho de lo que sería una empresa pública convencional (el Estado es el principal accionista, pero el 80% del capital está en Bolsa), entre otras cosas porque la empresa se ha diversificado tanto geográficamente (posee numerosas participaciones en Latinoamérica, en actividades relacionadas con la distribución de energía) como en otras actividades industriales en España y fuera, no estrictamente relacionadas con la distribución de energía eléctrica que, con todo, sigue siendo el principal cometido de la compañía.

Manejar una empresa privada a golpe de teléfono desde el Gobierno no es precisamente un ejemplo de buena gobernanza. Y así se lo ha hecho saber la mismísima Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), un organismo público que parece dispuesto a poner algo de orden en las actividades de gobernación empresarial. La Comisión ha pedido explicaciones por la marcha de Jordi Sevilla. Es la segunda vez que lo hace en poco tiempo. Son buenos precedentes de los que la clase política tendría que ir tomando nota.