La confianza, los impuestos y la recaudación

Los indicadores de confianza en el inmediato futuro de la economía española  que aportan diversas entidades españolas y extranjeras están registrando retrocesos desde el último trimestre del año pasado. Parece que desde la constitución del nuevo Gobierno, este grado de confianza ha sufrido una cierta aceleración. Las razones son  diversas pero entre ellas destacan las relacionadas con la inseguridad de las normas que afectan a los mercados y a los inversores.

Una de las señales que han visto la luz en las últimas jornadas ha sido el incremento de las consultas que están recibiendo los asesores financieros y los  bancos en relación con las posibilidades de emigrar con el dinero a otra parte. Algunas entidades señalan en concreto la posibilidad de trasladar el ahorro hacia un país europeo como Luxemburgo, en donde las incertidumbres sobre  la normativa regulatoria y fiscal son bastante menores.

Una de las motivaciones que casi siempre condicionan   al inversor es la necesidad de que exista un marco fiscal y legal estable. La inseguridad jurídica es un asunto que preocupa mucho a los inversores que han acumulado ahorro como parte de su patrimonio.  Desde hace unos meses, los rumores y las expectativas lanzadas al viento desde la propia Administración abundan en anticipos sobre cambios de impuestos, nuevos tributos o cambios en la fiscalidad con objeto lógicamente de incrementar la recaudación, que en algunos casos resulta inferior en España a la vigente en otros Estados de la UE, aunque no siempre estas comparaciones se realizan acompañadas por argumentos técnicamente solventes, que podrían  mitigar algunas de las afirmaciones categóricas, a veces no ajustadas a la realidad, que sirven sin embargo como armas políticas interesadas.

Un caso bastante típico en los últimos tiempos ha sido el de las famosas sociedades SICAV, un instrumento de ahorro en el que colocan su dinero algunas de las fortunas españolas más destacadas, aunque no siempre, ya que algunos de los mayores inversores españoles a título personal tienen su  ahorro en otros instrumentos. Pero el nuevo Gobierno parece empeñado en actuar sobre estas compañías empleando el argumento de que solamente cotizan en sus beneficios al 1%.

Un argumento engañoso, que oculta la realidad, ya que los inversores que tienen su ahorro en estos instrumentos financieros pagan sus impuestos al mismo nivel que el resto de los beneficios que se obtienen en otras actividades económicas y financieras, si bien el pago del impuesto  se realiza en el momento en el que el inversor ejecuta su inversión. Es decir, cuando percibe el rendimiento que le aporta la sicav, que entre tanto ha estado generando un tributo del 1% anual. El hecho de que los impuestos sobre el beneficio se abonen en el momento en el que se rescata la inversión no implica más ventaja comparativa que la del tiempo transcurrido. Es decir, se paga el impuesto cuando se recupera el dinero, igual que en las demás fuentes de generación de beneficios. La crítica que se formula a la sicav como falso refugio de millonarios que no pagan impuestos puede dar origen a un movimiento de traslado de capitales  hacia otros sistemas financieros, lo que ocasionaría un perjuicio no solo para la capacidad recaudatoria española sino para la operativa financiera, al desplazarse capitales fuera de España.

En todo caso, se trata de un ruido desproporcionado, que puede causar  bastante perjuicio al sistema financiero español, y por lo tanto a la capacidad recaudatoria del país. Todo ello a pesar de que los volúmenes  de inversión que se mueven en este instrumento financiero representan una parte muy pequeña de los volúmenes de ahorro que se mueven en el mundo de la inversión colectiva en España.

Estamos hablando de unos  28.400 millones de euros (datos de finales de diciembre pasado) frente   los 455.000 millones de euros (datos a la misma fecha) que maneja el conjunto de la inversión colectiva española en todas sus modalidades.  El número de inversores rondaba a finales del mes pasado los 413.000 frente a 15,2 millones de inversores en el conjunto de las instituciones de inversión colectiva de todas sus variantes. El daño que se puede ocasionar al conjunto del sistema puede resultar bastante contraproducente y desde luego de nula utilidad a los efectos de mejorar la recaudación tributaria.