El déficit público, primer escalón

Cerrado el protocolo de presentación en sociedad del nuevo Gobierno Sánchez, ahora empiezan las tareas, algunas urgentes, muchas de ellas económicas. Uno de los primeros compromisos será fijar el límite máximo del déficit público para estos dos primeros años, tarea que habrá que discutir con los máximos jerarcas de Bruselas. No es cuestión fácil, ya que en el nuevo Gobierno persisten varias sensibilidades que inciden de forma directa en el resultado final, es decir, en la cuantía de los números rojos del dinero público.

Hay en el Gobierno, según se ha visto en la parte programática de los discursos que hemos escuchado en las tomas de posesión de este lunes, posiciones muy encontradas, desde los que llegan dispuestos a tirar la casa por la ventana con un aumento generoso e incluso desmedido del gasto, básicamente social, hasta quienes prometen desarrollar una política económica ortodoxa y moderada. Algunas variantes intermedias tampoco han estado ausentes de las primeras declaraciones públicas.

La ortodoxia en materia presupuestaria y fiscal, que España se ha saltado sistemáticamente a la torera en los últimos años, será la primera prueba de por dónde van realmente las posibilidades del Gobierno de cumplir con los objetivos más realistas. Para el año 2020, los Gobiernos anteriores habían fijado un compromiso de déficit público del 0,5% del PIB en la etapa de Rajoy hasta un compromiso del 1,1% del PIB fijado por Sánchez en su primer Gobierno tras la moción de censura que le llevó al poder hasta el 1,7% del PIB que se incluyó en el programa de actualización del otoño pasado.

Ahora se viene hablando de lo difícil que será bajar el déficit público por debajo del 2% del PIB y, lo que es más preocupante, se ve altamente improbable que el año recién iniciado pueda afrontar los nuevos programas del nuevo Gobierno sin contar con un importante margen de déficit que habrá que sacarle a Bruselas mediante la correspondiente negociación a cara de perro. Hay que recordar que España se había incluido entre los países europeos que podrían alcanzar el equilibrio o incluso el superávit presupuestario durante el año 2020 y como mucho en el ejercicio de 2021.

El retraso es, por lo tanto, muy sustancial, en torno a dos puntos del PIB o más. Convencer a Bruselas de que estos objetivos deben ser puestos en un plano de mayor realismo en consonancia con el nuevo Gobierno que acaba de tomar las riendas será tarea difícil. Flexibilizar el cumplimiento del déficit público español será asunto de difícil asimilación. Y lo que parece claro es que con la inercia actual de un déficit que ronda el 2% del PIB, los planes expansivos del nuevo Gobierno no serán fáciles de llevar a cabo.

Toda la política social que impulsan algunos sectores del nuevo Gobierno resultará de muy difícil aplicación con el estrecho corsé que permiten las cifras actuales de un Presupuesto que, en todo caso, sigue siendo provisional y que está pendiente de debate para convertir el escenario financiero en algo realista pero bajo nuevos parámetros.