Escrivá, el primer test de Sánchez

Hay bastantes sorpresas en la composición del nuevo Gobierno de Pedro Sánchez, pero entre todas ellas quizás la que más llama la atención es la de José Luis Escrivá, nuevo ministro de Seguridad Social, Inclusión y Migraciones, cuyo perfil tecnócrata sobresale por encima de otras consideraciones.

Escrivá, al margen de las apropiaciones interesadas, va a ser el ministro auténticamente social de este Gobierno por cuyas manos tendrán que pasar las cuestiones de índole social y económica más  relevantes de cuantas habrá de lidiar el nuevo Ejecutivo. Junto a la vicepresidenta económica, Nadia Calviño, Escrivá aportará a Pedro Sánchez un importante aval de cara a la Unión  Europea y la Comisión Europea, en donde cuentan con apoyos muy considerables, que van a tener un papel disuasorio frente a las tentaciones populistas.

El nuevo ministro ha gestionado en los últimos años uno de los organismos públicos más  influyentes, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, la Airef, un organismo creado a petición de la Unión Europea para vigilar la política de gasto público y la viabilidad de las políticas públicas desarrolladas por el Gobierno  español para fiscalizar el cumplimiento de los objetivos de estabilidad económica. Su mandato al frente de este organismo estaba a punto de llegar a término, de aquí a unas pocas semanas.

No es un recién llegado al análisis, complejo y con muy elevados ingredientes de tipo técnico,  de la Seguridad Social, sobre la cual ha emitido en el pasado reciente varios informes de lectura imprescindible. Escrivá es uno de los españoles que mejor se conoce los vericuetos del sistema asistencial español y quien le ha buscado numerosas soluciones económicamente viables y es de esperar que políticamente admisibles para una gran mayoría de los ciudadanos. Eso sí, huyendo de utopías como las que generalmente se escuchan  de boca de algunos colectivos que a la hora de analizar el callejón en el que se encuentra este organismo recurren a fórmulas simplistas y de difícil viabilidad.

No hay que olvidar que la deuda de la Seguridad Social, que escala últimamente a ritmos de 18.000 millones de euros anuales, se sitúa ahora en torno a los 100.000 millones de euros y que en los próximos años ya no tendrá el recurso del Fondo de Reserva  de las Pensiones, que en el plazo de seis o siete años ha agotado los 70.000 millones de euros que llegó a tener almacenados utilizando los excedentes del sistema en los buenos años.

Las fórmulas que esgrimirá Escrivá a partir de  su puesta en marcha como titular de la importante cartera ministerial que le ha endosado Pedro Sánchez  pasarán por una inevitable clarificación de las cuentas del organismo, de forma que el Estado asuma, por la vía de los impuestos, algunas de las cargas que soporta el organismo. Hecha esta labor clarificadora, la batalla de la Seguridad Social por  mejorar sus ingresos con algunas medidas, una de ellas la modificación de la fecha de jubilación, que está fijada en los 67 años para dentro de tres años mediante una aproximación gradual.

La fecha de jubilación tendrá que clarificarse también para acercar la realidad a  los requisitos legales, algo que en la actualidad está siendo objeto de una importante distorsión debido a los mecanismos de jubilación anticipada, de los que se está abusando. Otro de los puntos clave para reformar el sistema y hacerlo más viable y sostenible es el establecimiento de un plazo más realista de cómputo para calcular el importe de la pensión, sustituyendo posiblemente los 25 años de vida laboral por un periodo ilimitado, que  incluya toda la vida laboral.

La batalla de la Seguridad Social quizás no tarde mucho en comenzar y se convertirá posiblemente en la primera prueba de la cohesión o falta de ella de este Gobierno.