Las empresas multinacionales pagan por lo general pocos impuestos. Incluso se podría decir que muy pocos impuestos. Pero la fiscalidad de las grandes compañías, que operan en varios países aunque tengan la sede social en uno de ellos, por lo que se caracteriza es por su enorme opacidad. No hay forma de saber a ciencia cierta cuánto pagan en cifras absolutas, ni en qué países, no por qué motivo hay tantas disparidades entre lo que pagan unas y otras o entre lo que unas pagan en unos países y no en otros. Es decir, un verdadero galimatías que nos ha traído la economía global, que no carece ciertamente de ventajas pero que ofrece también algunos inconvenientes.

España acaba de emitir un interesante informe que ofrece datos novedosos aunque incompletos, unos alentadores, otros menos estimulantes. De momento, el esfuerzo informativo de la Agencia Tributaria al emitir este informe con datos bastante precisos es ambicioso, ya que afecta a empresas y grupos empresariales que tienen actividades fuera de España y que facturan cuando menos 750 millones de euros cada uno de los 134 grupos incluidos en este estudio, Al tratarse de datos extraídos de una declaración oficial, como es el Impuesto de Sociedades, habrá que suponer que ofrecen un elevado grado de aproximación a la realidad.

Estos grupos facturaron en el año 2016 (ejercicio al que pertenece el análisis) un total de 934.400 millones de euros a nivel global, con un beneficio neto declarado en conjunto de algo más de 91.800 millones de euros. Por estos beneficios, estas empresas pagaron unos impuestos de casi 11.600 millones de euros, es decir, el 12,6% de las ganancias.

Parece una cifra modesta aunque según se mire habría que calibrar bien el calificativo porque casi un tercio de los grupos analizados han tributado por encima del 25%, un tipo de gravamen que ya querría la titular de Hacienda para el conjunto de las empresas españolas de tamaño medio o grande. Hay casos contrarios en los que un colectivo de casi una cercera parte del total de compañías apenas suma 70 millones de euros de tributos depositados en las arcas públicas, independientemente del país en el que desarrollen la mayor parte de su actividad o del que reciban los servicios necesarios para ejercer sus funciones.

El análisis que acaba de emitir España no ofrece resultados comparativos suficientes para saber en dónde los grupos empresariales españoles pagan más y en donde actúan como si se tratara de auténticos paraísos fiscales. Las diferencias y discrepancias entre países, como estamos viendo casi a diario en el caso de las grandes multinacionales americanas en Europa, presentan agravios comparativos escalofriantes. Países europeos como Holanda o Irlanda ofrecen ventajas fiscales a las compañías que se refugian en sus respectivos asilos tributarios, con objeto de concentrar ingresos que esos grupos empresariales legítimamente deberían depositar en otras latitudes.

Hay numerosos ejemplos de estos paraísos fiscales, que la presión internacional ha ido restringiendo poco a poco pero que siguen absorbiendo todavía una parte muy considerable de las rentas fiscales que reporta su actividad, todo lo cual pone de relieve la necesidad de darle solución a estas desigualdades mediante mecanismos multilaterales y de ámbito global.