El  déficit de infraestructuras

Hay en España un déficit invisible sobre el que suele hablar poco pero que, por desgracia, ocupa un espacio cada vez más costoso para la sociedad española y para el correcto funcionamiento de la economía. Se trata del déficit de infraestructuras que se ha ido  acumulando a lo largo de estos últimos años. En la etapa más reciente, con el desgobierno que padece el país, este déficit ha crecido con una intensidad bastante superior, se ha acelerado, y amenaza con generar efectos no sólo negativos sino irreversibles para la economía.

Se deja notar ya en el estado de las carreteras, con los consiguientes efectos sobre la seguridad y los niveles de siniestralidad, en la penuria de algunas redes regionales de cercanías ferroviarias, en la pérdida de eficiencia en las redes  de canalización de agua, con la consiguiente pérdida de recursos por desperdicio, en el retraso de la puesta en servicio de algunas redes de transporte que estaban previstas desde hace tiempo y que siguen sin ver la luz,…

La lista de desperfectos y de insuficiencias de recursos destinados a la mejora de las infraestructuras se ha extendido de forma muy preocupante, sin olvidar el hecho de que no solo hay que valorar la insuficiencia de las inversiones sino el hecho de que   estas presenten desviaciones a veces muy importantes entre lo que se necesitaba y los que se ejecuta. Los criterios políticos han ejercido en ocasiones influencias nocivas, al haber dado prioridad a unas inversiones sobre otras  que presentaban mayor urgencia de puesta en marcha por razones de demanda social o por motivos de rentabilidad económica.

Hace unos días, un estudio elaborado por ingenieros que vienen ocupándose del análisis de la situación  dentro de su asociación profesional (la AICCP), a la que pertenecen miles de profesionales de Caminos, Canales y Puertos de todo el país, ha dado a conocer las cifras  que pueden definir la situación mejor que cualquier comentario. Frente a unas necesidades que los ingenieros estiman en unos 18.300 millones de euros anuales para mantener en buen estado de uso la red de infraestructuras del país así como una razonable  tarea de mejora y crecimiento, la realidad se sitúa muy por debajo de estas necesidades teóricas. Los profesionales del sector le asignan un aprobado escaso al estado de nuestras infraestructuras, con una nota de apenas el 6,3%.

En el año 2017, la inversión pública y privada en estas labores apenas alcanzó los  8.800 millones de euros. Es decir, habría que multiplicar, cuando menos, por dos el esfuerzo que el país está realizando en la actualidad en materia de infraestructuras.  La valoración de las diversas infraestructuras es bastante dispar. Para lo que le interesa de modo más directo al ciudadano, la red de carreteras se encuentra en un importante estado de dejación, con inversiones de apenas  4.000 millones de euros cuando una cifra más acorde con las necesidades a medio y largo plazo debería situarlas en torno a los 6.500 millones de euros anuales en los próximos años.

En el tratamiento de  las aguas, uno de los bienes más escasos del país y en cuya gestión se están malgastando  importantes recursos, los ingenieros estiman que el país debería invertir no menos de 4.000 millones de euros anuales cuando en la realidad apenas se emplean 1.500 millones de euros.  Desfases similares entre las necesidades y lo que realmente se está haciendo se encuentran en otras áreas. Un ejercicio de corrección urgente se presenta como tarea urgente en este ámbito de la inversión pública.