Previsiones de compromiso para Bruselas

El baile de previsiones económicas no cesa. La economía española crecerá finalmente este año un 2,1% en vez del 2,2% que estimaba hace unos meses el Gobierno. Esta última previsión es la que compromete el actual Ejecutivo en su comunicación reglamentaria a Bruselas, en la que esboza las grandes cifras de la economía para este año y algunas de las más relevantes para el año 2020.

La barrera del 2% finalmente podría retrasarse hasta el año que viene, cuando el país crecerá un 1,8% (en vez del 1,9% previsto hace meses), según el actual punto de vista del Gobierno. Las cifras no son buenas, desde luego, porque denotan menos ritmo de crecimiento en la economía y, por lo tanto, menos capacidad para generar empleo. Pero hay muchos factores que generan incertidumbre en la economía global y por ello la rebaja de las previsiones es lo más sensato y lo más probable.

Quizás como apunte de última hora se podría mencionar el arreglo en torno al Brexit. Un buen acuerdo, como ahora parece que se está valorando a tenor de las últimas conversaciones, reduciría de forma sensible el impacto negativo en las economías europeas y en especial en la española, algunos de cuyos sectores muestran una gran sensibilidad según cual sea el desenlace.

Las cifras que acaba de facilitar el Gobierno español a Bruselas incluyen en todo caso un aumento importante del gasto público en dos capítulos de especial sensibilidad, la actualización de la subida de las pensiones y el aumento salarial de los funcionarios. Con el primero, para el que se reserva una subida del 0,9% para justificar el alineamiento con la tasa de inflación, se cubre una necesidad política, la de incrementar los pagos de las pensiones de forma que estas no pierdan poder adquisitivo. Con ello no se da satisfacción a los pensionistas, que piden algo más, aunque se incumple uno de los compromisos que se habían señalado hace dos años para facilitar la sostenibilidad de la Seguridad Social. Es decir, el Gobierno adopta un punto intermedio que sin embargo no va a contentar ni a los pensionistas ni a quienes habían defendido la idea de contener las revisiones al alza en las pensiones para garantizar su sostenibilidad futura.

El otro asunto, el de los salarios de los funcionarios, constituye una concesión a un sector políticamente importante en la estructura organizativa del país y de cara a la clientela gubernamental, pero que tiene poca eficacia en la vertiente económica ya que un aumento de los salarios a los funcionarios como el que se anuncia (hasta el 3,3%) implica renunciar a una contención del gasto público y a una reforma a fondo de la Administración, una de las tareas más importantes que debería afrontar el país para mejorar la eficiencia de la economía y evitar al mismo tiempo que el gasto público se desborde, con concesiones a un colectivo que posiblemente no es el más necesitado de apoyo salarial en estos momentos.

Estos dos importantes componentes del gasto público podrían haberse manejado de forma más moderada para avanzar en la necesaria contención del déficit, un asunto que queda aplazado un año más con el riesgo de que la futura evolución de los tipos de interés, posiblemente al alza en un plazo no muy lejano, cause a medio plazo más problemas.