El empleo afloja

El mercado de trabajo está manteniendo una aceptable trayectoria aunque se observan síntomas de ligero cansancio. La afiliación a la Seguridad Social aumentó en agosto en términos anuales un 2,55%, una de las tasas más bajas del actual ciclo alcista. Esta tasa ha estado creciendo a un ritmo superior al 3% durante los tres años últimos, de forma que el actual ritmo de expansión denota una clara desaceleración.

En los doce últimos meses, este indicador ha reflejado un aumento de la afiliación cercano al medio millón de personas. No es, por lo tanto, una evolución expansiva acelerada pero se mantiene en términos próximos al aumento del PIB, lo que constituye un síntoma de cierta continuidad mientras la cifra de parados se va acercando, a la baja, hacia los 3 millones de personas.

Está claro que las cifras deben mejorar más nítidamente en los próximos dos años para recortar la tasa de paro hasta cotas más cercanas a las de la Unión Europea. Pero también parece claro que los avances en esa dirección van a resultar cada vez más costosos debido al empeoramiento del clima económico general y posiblemente a las condiciones políticas internas.

En los últimos meses ya se han producido algunos indicios que apuntan hacia un freno en el proceso de inversor, que empieza a pasar facturas tras tantos meses de incertidumbre, sobre todo en el plano político interno. También la capacidad de atractivo de la economía española para los inversores extranjeros ha registrado una visible reducción, como bien se nota en las entradas de capitales extranjeros y en los nuevos proyectos de inversión.

Se va perfilando ya el programa de Gobierno que, con elecciones o sin ellas, va a guiar los pasos de la gobernación del país en los próximos meses. El predominio de una orientación de izquierdas en el Gobierno, con los aliados de Podemos dentro de la Administración, empujará posiblemente al alza los costes laborales (tanto mediante subidas adicionales del Salario Mínimo como en las negociaciones salariales normales), además de detraer mayores recursos para reforzar el sistema de pensiones, con unas prestaciones más generosas que las actuales. Sobre todo mediante la correlación más directa entre las prestaciones y el IPC, tal y como se ha visto en las últimas decisiones.

Estos aumentos de los costes y rentas pueden mermar la productividad de la economía y representar un freno para la competitividad, por lo que sería deseable acompasar estas ganancias de renta a las posibilidades de ingresos del país. Si este equilibrio no se respeta, se abre la posibilidad de que los incentivos para creación de empleo se desinflen y, a la postre, todo ello redunde en una menor tasa de crecimiento de la economía y de la actividad económica.