España, país de laboratorios fiscales

No hace falta dedicarle mucho tiempo a la lectura del documento que los pupilos de Pablo Iglesias han elaborado para explicar sus condiciones de acuerdo con el PSOE para gobernar en coalición. Es un documento sencillo y con propuestas claras aunque a poco que se echen cuentas no se tarda mucho en llegar a la conclusión de que sus autores no tienen en la economía su principal punto de apoyo.

Casi una decena de propuestas de subidas de impuestos y ni un atisbo de sugerencias sobre cómo aumentar la riqueza nacional. Una cosa y la otra son inseparables, como resulta fácil de comprender. Lo saben hasta los niños de parvulario. Lo cierto es que los redactores del documento de Unidas Podemos viven en el reino de la utopía, por lo que no es de extrañar que Pedro Sánchez haya tardado apenas un suspiro para decir que con esta gente no puede hacer un Gobierno serio. Lo contrario sería preocupante. Dislates del tamaño de que hay que aumentar la recaudación fiscal en España en unos 85.000 millones anuales para hacer un país más justo y sobre todo más homologable a lo que se lleva en Europa dan una idea del peligro que representaría para la sociedad española tener un Gobierno con semejantes ideas.

Pero lo que más llama la atención, ahora que ya tenemos en España todos los Gobiernos autonómicos funcionando y constituidos (con los debidos respetos a alguna excepción, como la de la Generalitat catalana), es la diferencia programática que existe entre los idearios de algunas fuerzas políticas, unas con poder autonómico, otras lejos del mismo.

El caso más flagrante es el de la Comunidad de Madrid, que se presenta como el polo opuesto de los discípulos de Iglesias a la hora de hablar de impuestos. Madrid quiere ser el laboratorio de la derecha gobernante, según sus nuevos y flamantes dirigentes. Y para ello va a instrumentar políticas fiscales agresivas consistentes en reducir, sin complejos, la presión fiscal de quienes trabajan y viven en Madrid.

Un atisbo de esta batalla ya se viene desarrollando desde hace años con la decidida enemistad de los partidos conservadores y liberales que han pasado por el Gobierno de la autonomía madrileña hacia tributos como el de Patrimonio, excluido en la práctica del catálogo de obligaciones fiscales que recaen sobre la riqueza de los habitantes de la Autonomía central del país. Andalucía, que militaba, durante los muchos años que estuvo gobernada por los socialistas, en el campo contrario, ahora que vive bajo el manto conservador y trata de ahuyentar este tipo de tributos, que a juicio de los populares y de Ciudadanos no ha hecho más que empobrecer a parte de la clase media andaluza sin generar ingresos públicos con los que hacer políticas sociales. Un desastre, en suma, se mire por donde se mire.

Ahora, el campo de batalla parece ampliarse, con la decidida apuesta madrileña en favor de políticas fiscales de perfil bajo. Unidas Podemos sigue con su manual de economistas progres, pero sin la capacidad de convicción suficiente como para embarcar al mismísimo Pedro Sánchez en el mismísimo Gobierno de la nación.