Las agencias rebajan calificaciones españolas

Las agencias internacionales de calificación de riesgos, esas empresas privadas que ejercen de notarios de lo que hacen o planean todos los agentes de la economía, sean públicos o privados, han estado particularmente activas en los últimos días. Y no han levantado actas precisamente positivas para los protagonistas españoles en los que estas agencias han puesto los ojos.

La banca, por un lado, y el sector energético por el otro, han sido objeto de sendas valoraciones negativas por parte de Moody’s, Standard & Poor’s y Fitch. En el caso de los bancos, por omisión y en el caso de las compañías energéticas (sobre las que pesa una posible rebaja de calificaciones, aún por determinar) debido al varapalo que se les viene encima como consecuencia de la decisión anunciada (aún en fase de gestación) por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia de propinarle un severo recorte a las tarifas de transporte y de distribución.

El pronunciamiento de las agencias de calificación sobre estos dos sectores altamente sensibles de la economía española tiene una gran importancia porque se trata de las empresas que tienen mayor peso en el Ibex 35, es decir, en la Bolsa española, con un impacto superior al 60% de la capitalización total del mercado. En número de accionistas, esta docena larga de empresas resulta especialmente representativa, ya que canalizan el ahorro de unos cuantos millones de españoles y, desde luego, mucho dinero de inversores extranjeros.

Las agencias han echado en cara a los bancos, en general, que su tarea de saneamiento de las cuentas de resultados, particularmente en lo que atañe a los activos inmobiliarios que aún tienen en sus balances, está siendo este año muy lenta. Es decir, la banca todavía no ha superado la crisis inmobiliaria desatada hace diez años y mantiene en su poder importantes volúmenes de dinero improductivo, lo que contribuye a mermar su capacidad de obtención de beneficios. El consejo que formulan, en especial Moody’s, es el de acelerar el ritmo de ventas de activos improductivos.

En relación con el sector energético, la crítica de las agencias es generalizada aunque todavía no se ha traducido en un recorte de las calificaciones de las empresas, lo que, de producirse, tendría impactos diversos, por un lado una eventual rebaja en el coste final de la energía para los consumidores si de verdad se llevan a cabo los recortes que ha anunciado la Comisión de la Competencia.

Pero, al mismo tiempo, el impacto de una rebaja de las calificaciones empresariales por parte de estas agencias provocaría aumentos de costes en las empresas del sector energético, al aumentar sus costes de financiación, lo que conllevaría una más que previsible repercusión de estos gastos en las tarifas finales de la electricidad y el gas. A la postre, las rebajas de calificación de un conjunto de empresas españolas que juegan un importante papel en el conjunto de la economía puede tener consecuencias negativas para el conjunto del sector y también para la economía en la medida en que alerta sobre la reducida credibilidad de las normas que regulan la actividad económica. Cambios tan bruscos y poco previsibles como los que se barruntan estos días en el sector energético no son un buen camino para reforzar el atractivo inversor del país.