La guerra de la energía

La dura batalla que se ha abierto en el sector energético tras la propuesta de drástico recorte de la retribución a las funciones de transporte y distribución de las empresas ha dejado perplejos a la mayoría de los analistas y medios económicos. Una batalla que se acaba de abrir tras el anuncio por parte de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), que ha anunciado por sorpresa la aplicación a partir de enero próximo de importantes recortes en la remuneración que reciben las empresas del sector de la energía (básicamente del gas y de la electricidad, pero en especial las primeras) por sus labores de transporte y distribución de ambos combustibles.

El impacto económico para el periodo durante el cual se van a aplicar estos recortes de remuneración se ha estimado en unos 5.700 millones de euros en conjunto para los cinco o siete años del periodo de aplicación de los nuevos baremos. En el caso del gas, las tarifas de distribución podrían ser recortadas en un 7,8% y las de transporte en un 21,8%. Los recortes en el caso de la electricidad son también relevantes, del 7,0% en el caso de la distribución y del 8,2% en el transporte. Estas diferencias explican la diferente reacción que el anuncio de las medidas ha provocado en las cotizaciones de las empresas de uno u otro sector.

Lo primero que llama la atención de este sorpresivo anuncio que ha lanzado la CNMC a los cuatro vientos, con inminencia de su publicación en el Boletín Oficial del Estado mediante siete disposiciones legales, es la falta de transparencia y de diálogo con los agentes implicados.

En especial, la falta de transparencia nos impide a los ciudadanos conocer las razones últimas se este recorte de retribución a las empresas, que en principio debería ir destinado a una rebaja (y así se presenta por parte de la Comisión) de las tarifas y precios finales que deberían beneficiar a los consumidores, tanto empresas como economías domésticas. En los últimos meses hemos sido testigos de un recrudecimiento de las quejas de algunos sectores industriales y algunas empresas grandes en particular por el elevado precio de la energía que se aplica en España a actividades intensivas en el consumo de energía.

Hay, por lo tanto, un problema de fondo que nos está causando trastornos en el correcto funcionamiento del sector industrial (sobre todo en sectores como el del aluminio o el acero, entre otros), lo que afecta a la localización de algunas industrias importantes. El coste de la electricidad y del gas, y en general de la energía, debe ser competitivo en España frente a otros países, para evitar ventajas o agravios para la industria española que no resulten defendibles.

Pero la forma en la que un organismo público aborda la reforma drástica de los costes del sector energético, sin diálogo con los interesados y sin una clara exposición pública de los datos del problema, no es una buena forma de afrontar un problema tan serio. Hay, además, una segunda derivada, el hecho de que entre los afectados hay empresas del sector público (Red Eléctrica tiene una participación relevante del Estado), lo que pone de relieve la falta de coordinación en el sector público y entre diferentes departamentos gubernamentales. No es esta la forma de llevar a cabo una política energética coherente y provechosa para el conjunto del país. Las medidas propuestas deberían ser objeto de una tarea de negociación y acuerdo, que tan en falta se percibe en esta cuestión cuando la vida política aparece embarrancada precisamente por falta de capacidad de consenso y acuerdo entre las partes implicadas.