Subvenciones bajo sospecha de despilfarro

Un informe demoledor acaba de publicar la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, la Airef, sobre las subvenciones públicas en España. Este organismo independiente, creado bajo la iniciativa de la Comisión Europea hace casi seis años (finales del año 2013), ha iniciado un ambicioso plan de análisis para conocer cuánto dinero público se asigna cada año a subvencionar determinadas actividades de interés colectivo, desde la subvención a la adquisición de medicamentos hasta las ayudas al empleo pasando por el sistema de becas para la formación a todos los niveles, la aportación para la adquisición de viviendas o pago de alquileres o el apoyo a la sanidad. Este informe tiene la finalidad de lograr un esclarecimiento lo más completo posible del gasto público para mejorar su evaluación y la eficacia con la que son gestionados unos importantes recursos cuya cuantía tampoco está clara, pero que es muy importante.

La primera confesión que ha realizado el informe (que tendrá continuidad en breve con varios informes parciales) es que no se sabe a ciencia cierta el volumen de dinero público que se dedica a subvencionar actividades o adquisición de bienes. La cifra global que se maneja ronda los 30.000 millones de euros. Hay un primer capítulo de subvenciones identificadas con amplios defectos de transferencia y de eficacia, que rondan los 14.000 millones de euros. De este importe, unos 3.000 millones son responsabilidad directa del Estado, unos 9.700 millones están bajo la gestión de entes autonómicos y otros 1.600 millones corresponden al ámbito de las corporaciones locales.

La falta de transparencia en la concesión de buena parte de estos recursos constituye una de las principales deficiencias que alumbra el informe de este organismo público, lo que significa que no se conocen bien los objetivos estratégicos que se persiguen con la mayor parte de las subvenciones, no se pueden identificar con precisión los resultados alcanzados, no se tiene constancia precisa sobre la forma en la que se ha utilizado el dinero ni siquiera si se ha utilizado en su totalidad o solo en parte.

Una de las curiosidades que pone de relieve el informe es que no siempre se conoce el destino final del dinero público asignado, de forma que a veces ni siquiera se tiene constancia de que ha sido utilizado en su totalidad, lo que significa que no hay mecanismos sancionadores para castigar el mal uso de los recursos ni tampoco hay vías adecuadas para recuperar el dinero recibido y no utilizado. El informe pide por ello la implantación de algún sistema sancionador que cuide de la eficacia en el correcto empleo del dinero.

También denuncia el informe el excesivo coste que ha detectado en lo que se refiere a la gestión en el manejo de estos fondos, ya que calcula que en ocasiones se llega a contabilizar hasta un 10% del importe de la subvención como gasto consumido exclusivamente en el manejo del dinero. De no existir este elevado gasto de gestión, la eficacia de las subvenciones podría ser superior y el dinero distribuido generosamente desde el sector público podría llegar a más beneficiarios.