El déficit de la Seguridad Social avanza de forma continuada y podría decirse que alarmante. La economía está registrando unas excelentes tasas de crecimiento y el empleo aumenta sin cesar, pero el desequilibrio de las cuentas del organismo no tiene freno. En la aceleración de los últimos meses ha tenido parte de la culpa el último Gobierno con dos medidas de escaso sentido económico y marcado carácter político en la medida en que se suspendieron dos de las propuestas que había sugerido en su día el Pacto de Toledo para contribuir a mejorar la sostenibilidad de las pensiones: la no revisión anual de las prestaciones en función del IPC y la limitación de las subidas por aplicación del denominado “factor de sostenibilidad” de las pensiones.

Estas dos suspensiones de medidas que en su momento fueron bien recibidas por los expertos (y criticadas por los colectivos de pensionistas y por algunos grupos políticos) habrían podido frenar un poco el deterioro de las cuentas pero no eran en sí mismas suficientes para corregir los problemas de más calado a los que se enfrenta el sistema.

Ahora, el Banco de España acaba de sacar a la luz algunas consideraciones sobre el problema de las pensiones y su sostenibilidad futura. Lo que tiene de novedosa esta nueva aportación de la entidad al asunto de las pensiones es su petición de que la corrección de los problemas de fondo que aquejan al sistema es urgente ya que a medida que pasan los años, el espectro electoral va a ir transformándose y dificultando la propensión al cambio.

No hay que olvidar que la Seguridad Social es un sistema de solidaridad entre generaciones y, por lo tanto, responde a unos equilibrios en los que la edad de los ciudadanos juega un papel esencial. Cuanto más aumenta el pago a los pensionistas, mayor es el coste que han de soportar las nuevas generaciones de los trabajadores en activo y, a la postre, mayor es la dificultad para la creación de empleo, lo que a la postre acaba por convertir en algo muy difícil de manejar la financiación del sistema.

En la actual etapa, incluso a pesar de que el viento sopla a favor de los ingresos debido a la elevada tasa de aumento de la afiliación e incluso a la baja tasa de inflación, los gastos están creciendo sin cesar a ritmos muy elevados, con el riesgo de que a medio plazo este aumento de los costes de mantenimiento se vea acelerado debido a la evolución de la estructura de población. Es decir al aumento de la edad de envejecimiento, ya que el número de personas percibiendo una pensión va en aumento acelerado debido a la creciente prolongación de la esperanza de vida.

El número de años que un pensionista está cobrando su pensión no deja de crecer debido a la prolongación de la edad de los beneficiarios del sistema y, en paralelo, los ingresos aumentan en proporción inferior, agudizando con ello el déficit mientras aumenta la carga que las jóvenes generaciones deben aportar. La Seguridad Social vice desde hace algunos años del crédito que le está aportando el Estado, pero esa medicina no puede durar siempre y, además, podría exigir mayores recursos si la entrada de nuevos cotizantes experimenta algún frenazo a causa del ciclo económico. El Banco de España calcula que a la vuelta de unos años, el porcentaje de ciudadanos con más de 66 años de edad aumentará desde el 25% actual hasta el equivalente a un 51% de la población en activo. La carga será insoportable y exige corrección urgente.