Alianzas políticas y fiscalidad

La explotación de las cifras de las recientes elecciones generales con  la finalidad de encontrar una alianza que ofrezca las mejores garantías de estabilidad gubernamental no deja apenas márgenes para las elucubraciones. Si la forma más sencilla de gobernar en coalición es encontrar un Gobierno mayoritario con dos partidos, esa suma solo encuentra  solución si PSOE y Ciudadanos suman sus votos.

No es pensable un Gobierno de coalición entre socialistas y populares y, por último, la suma de socialistas y Podemos simplemente no llega, por mucho que los portavoces de Pablo Iglesias y  el propio líder del partido morado sumen a los independentistas más o menos entusiastas. El mayor de los partidos minoritarios es ERC, que ya ha dicho que el debate sobre la autodeterminación es cuestión innegociable.  Por ello, la segunda vía para Pedro Sánchez en coalición, la que estaría claramente impregnada de votos de izquierdas,  tiene una viabilidad más bien escasa.

Los medios económicos (primero la patronal CEOE, luego Ana Botín, presidenta del Santander y más recientemente la agencia Moody’s,  que se ocupa de calificar a los emisores de títulos) han salido a la palestra a  expresar sus puntos de vista. Los dos primeros (CEOE y Botín) no han estado muy afortunados debido al sesgo de sus opiniones, claramente simpatizantes con un Gobierno que  pueda sumar a Ciudadanos en apoyo del  partido principal, el socialista. Si hay que agradecerles su sinceridad habría que reprocharles en la misma medida su inoportunidad, que ha dado base a declaraciones críticas de los presuntos damnificados. Ya se sabe, la alianza del capital con grupos políticos, aunque sea meramente declarativa, es munición para los grupos anti sistema o asimilados. A Podemos le han puesto los argumentos en bandeja y los han convertido en material de reproche contra Sánchez.

Pero hay otros medios económicos que son menos  identificables con los intereses del mundo empresarial o al menos alardean de independencia de juicio para  poner en circulación argumentos técnicamente más asimilables. La agencia de  calificación de riesgos Moody’s ha sido la primera instancia de ámbito internacional que se pronuncia en favor de una política económica reformista (posiblemente muy distinta a la que demandan los grupos de izquierdas que aspiran a embarcarse en el Gobierno de Sánchez), con dos objetivos prioritarios, la mejora de las cuentas de las pensiones y la consolidación fiscal, es decir, mayor preocupación por el equilibrio entre ingresos y gastos. Postulados todos ellos que parecen estar bastante más cercanos a las tesis que defendería un Gobierno de coalición apoyado por socialistas y Ciudadanos.

No obstante, lo que ahora mismo está sobre la mesa de los analistas, tanto los privados como los que integran los equipos económicos de los partidos políticos, es el contenido de los Presupuestos públicos de los próximos años, cuyo anticipo se ha conocido ayer mismo y en el que se anuncia una importantísima subida de la presión fiscal, mitad derivada de los efectos automáticos del ciclo  económico, mitad (o casi) consecuencia de las subidas de impuestos y la aparición de nuevas tasas fiscales, que posiblemente van a condicionar muy severamente las opciones de alianzas políticas de los próximos meses.