Los números en los debates electorales

Los españoles tendremos en los próximos días, en la recta final para las elecciones legislativas del domingo, la oportunidad de comprobar, en dos debates que se esperan intensos, en qué medida las ofertas que lanzan los cuatro grandes partidos llegan cargas de buenas intenciones o son simplemente brindis al Sol, sin números que las respalden. Ya han tenido tiempo más que suficiente para cuantificar y ponerles cifras a sus programas de Gobierno, de modo que en esta cuestión no deberían defraudar a los votantes. La gente quiere conocer las cifras, aunque no sean muchas, pero al menos algunas, ya que la política no puede limitarse a una colección de fantasías.

Ya de entrada, en los dos platós televisivos en los que se van a confrontar los programas de los cuatro contendientes se podrán constatar las distancias que existen entre las realidades y las promesas en la medida en que habrá dos partidos que han ocupado el poder en los últimos años y otros dos que carecen absolutamente de experiencia de gestión, entre otras cosas porque son partidos jóvenes, bregados apenas en los mítines y en los estudios de televisión, pero con nula experiencia en la dirección de los asuntos colectivos, es decir, en la gobernación del país.

Al margen de esta apreciable diferencia entre los contendientes, hay sobre todo otro plano en el que convendrá estar bien atentos. No es lo mismo lanzar hermosas y brillantes promesas al viento que respaldarlas con números que las hagan creíbles. Además, no basta con ofrecer cifras así por las buenas, dejando volar la fantasía. Hay que ofrecer alguna credibilidad sobre las posibilidades de que las cifras sean susceptibles de poder ser cumplidas.

Las promesas de los participantes en las elecciones se van a concentrar, como no podía esperarse de otro modo, en la mejor garantía de las rentas de los votantes cuyo voto hay que atraer. Caso claro es el de los pensionistas, un caladero potencial de votos en el que las buenas palabras afectan a millones de personas, nueve millones de jubilados y quienes de ellos dependen.

No suelen ser muy explícitos los políticos a la hora de decir de donde van a sacar el dinero para pagar a tantos ciudadanos como dependen de las pensiones públicas. Tampoco se han hecho números, o si los han hecho no los han lanzado a los cuatro vientos para que todos los sepamos, a la hora de explicar cómo el aumento de la esperanza de vida va alimentando la reserva de jubilados de forma muy acelerada en estos años que estamos atravesando ahora y en los que vienen a continuación, cuando se están dejando notar de forma especial las oleadas de nuevos jubilados nacidos en la etapa del desarrollismo, allá los años 60 del pasado siglo.

Serán años en los que el número de pensionistas aumentará a ritmo posiblemente muy superior al de los cotizantes, todo lo cual, unido a un aumento de las pensiones por actualización, puede convertirse en un problema potencialmente explosivo que, una vez puesto en cifras y cuantificado, le debería helar la sangre a cualquier persona sensata. Todo ello si no se mueve la edad de jubilación, cuyo acortamiento, como ofrecen algunos, tenderá a agrietar el estado financiero de la Seguridad Social por encima de lo que ya se nos viene encima. ¿Saldrán estas cifras o algunas otras a relucir en los dos debates? No estaría de más.