Regular el alquiler pero con rigor

El mercado de la vivienda en alquiler está viviendo su mejor etapa en muchos años, según dicen los expertos del sector, que son muchos. Hablar de mercado de alquiler en España puede resultar poco preciso, ya que existen grandes diferencias de precios entre las grandes ciudades y las media o pequeñas, entre las zonas de mayor atractivo (costa, sobre todo) y las de interior. En simple vistazo al abanico de precios pone de relieve diferencias de tres o cuatro veces entre unas zonas y otras.

En medio de este complicado panorama, el Gobierno pretende lanzarse a regular el sector después de algún intento fallido hace pocos meses. Tarea difícil porque en pocos asuntos como en este chocan abiertamente las pretensiones maximalistas de algunos ideólogos con los dictados de la realidad y del rigor. La polémica está más abierta que nunca. El Gobierno parece haberse decantado por hacer caso a las suculentas ofertas con claro raigambre preelectoral y estudia lanzar una regulación, quizás no de urgencia (ya que viene dándole vueltas al asunto desde hace meses), pero sí con rasgos poco rigurosos. Limitar el precio de los alquileres es ahora mismo una tentación fácil.

Estamos en una fase de fuertes subidas que sucede a otra en la que los precios se desplomaron de forma rotunda, por lo que en algunos casos las subidas solo recientes han acercado los precios de última hora a los que estaban vigentes hace unos pocos años. En algunos casos, incluso por debajo todavía de las cotas que alcanzaron los alquileres en el momento más optimista del mercado residencial de hace unos diez años. Uno de los riesgos, que no el único, de la limitación de los precios del alquiler es el hecho de que existen enormes diferencias territoriales, lo que posiblemente exige una legislación con amplios poderes de decisión en manos de las autoridades autonómicas.

Uno de los argumentos que se han manejado en estos últimos meses para tratar de frenar el alza de los precios es la irrupción de importantes fondos de inversión en el mercado como consecuencia de la venta masiva de pisos impagados de las entidades financieras.

Las cifras reales parecen quitarle fuerza a la necesidad de esta regulación orientada a poner coto a la actividad de los fondos y de los grandes tenedores de pisos para alquiler, ya que su peso en el mercado, según datos procedentes de estadísticas del INE (es decir, oficiales), esta oferta de pisos apenas representa el 3% de las viviendas en alquiler en España, que a su vez rondan el 22% de las viviendas del país, ya que España cuenta con un parque de viviendas en propiedad muy elevado, uno de los mayores del mundo, de forma que el peso del alquiler, aunque ha crecido mucho en los últimos años, apenas supera el 22% de los pisos habitados por las familias españolas frente al 15% de hace unos diez años.

La loable buena intención del Gobierno en materia de vivienda, en busca de pisos asequibles para una parte importante de la población, necesitaría una reflexión más serena y menos palabrería orientada a regular un sector, el del alquiler, cuyo funcionamiento no se va a perfeccionar únicamente mediante una política intervencionista de precios, que a corto plazo podría paralizar el sector y dejar insatisfechas les necesidades de miles de familias.