La distribución de la fiscalidad

Uno de los debates que se están desarrollando en los últimos meses sobre la correcta conducción de la economía con vistas a su mejor competitividad es el que atañe a la fiscalidad global. Es decir, el volumen total de impuestos de todo tipo que pagan los ciudadanos y las instituciones de un país y como se distribuye este pago entre los distintos agentes sociales. A veces se argumenta que las empresas españolas pagan pocos impuestos, sobre todo en términos comparativos con otros países de nuestro entorno.

La cuestión no solo tiene su importancia de cara a la redistribución de la riqueza y la consiguiente construcción de un sistema solidario sino también en términos de eficacia y, en particular, en lo que atañe a la competitividad de las empresas en el entorno económico global. Ya que de este segundo punto se derivan algunas consecuencias muy relevantes para el crecimiento económico. No sólo es necesario distribuir, también resulta imprescindible producir, ya que el reparto de la pobreza conduce a situaciones poco saludables y generalmente generadoras de conflictividad.

El Banco Mundial, en relación con la consultora PwC, lleva algún tiempo realizando un estudio comparativo en el que alcanza a casi 200 países de todo el mundo, cuya fiscalidad analiza con detalle en sus principales componentes. La fotografía que se obtiene en el informe del año 2019 no es precisamente muy favorable para España, ya que la contribución fiscal total del país, cuando se toman en consideración los tributos fiscales normales más las cotizaciones sociales y la amalgama de impuestos diversos que generan obligaciones de pago en el país, colocan a España como una de las economías con mayor fiscalidad, un 47%, por encima de la media europea (39%) y de la media de los países desarrollados integrados en la OCDE, que tienen un promedio algo superior al 40%.

La cuestión que marca la diferencia entre España y los bloques mencionados es la baja fiscalidad que soportan las empresas en su impuesto sobre el beneficio, apenas un 10,6% frente al 12% de la Unión Europea o al 15% de la OCDE. Pero cuando al impuesto de Sociedades se le incorpora el pago de las cotizaciones sociales, que representan un 35,7% de la fiscalidad total, la posición española pasa a ser bastante menos favorable. La creación de empleo constituye en la economía española una carga importante que, cuando se compara con la de otras economías incluso desarrolladas, se traduce en un escollo importante para la capacidad competitiva de las empresas.

Es ahí en donde las empresas españolas han abundado en los últimos años en sus críticas al sistema fiscal del país, ya que la fiscalidad de la mano de obra provoca un aumento de los costes empresariales que deja en condiciones bastante deterioradas la posición competitiva del país y de las empresas, limitando con ello el crecimiento de la exportación.

La distribución y el reparto de la fiscalidad son por lo tanto asuntos que el futuro Gobierno debería contemplar en términos de competitividad internacional, algo que se olvida a menudo. Los últimos cambios que se han producido han ido en la dirección posiblemente menos adecuada, al aumentar la fiscalidad empresarial sin contemplar en paralelo un aligeramiento de las cotizaciones sociales que recargan el coste del trabajo.