El Pacto que los políticos no lograrán resolver

Una de las consecuencias colaterales del cambio en el calendario electoral puede ser la paralización plena del Pacto de Toledo. La culminación de las negociaciones para la reforma de este pacto, tras la larga negociación que viene desarrollándose desde hace tres años, estaba a punto de concluir con un acuerdo por consenso aunque algunos matices estaban todavía pendientes de concreción. Pero los matices han saltado por los aires a última hora y han hecho descarrilar el proyecto en conjunto.

Que este desenlace (provisional en todo caso, porque a la vuelta de unos meses habrá de retomarse la negociación en busca de una salida) haya impedido de momento un acuerdo es algo que ofrece motivos de satisfacción para algunas partes pero también decepciones y frustraciones, aunque hay que recordar que hay sectores sociales bastante amplios que no están en absoluto de acuerdo con las líneas maestras del acuerdo que estaba ya muy adelantado.

Aquí hay un claro enfrentamiento entre el enfoque político y el diagnóstico económico financiero del sistema de pensiones. Y el desenlace de ruptura que acabamos de presenciar lo pone bien patente. Las líneas maestras del acuerdo que estaba ya casi a punto de concluir no es del gusto de muchos analistas y expertos, que no se han mordido la lengua en los últimos meses a la hora de diagnosticar todo tipo de males para el sistema de protección social en el caso de que se adopten las medidas que se vienen aireando como posibles puntos fuertes del acuerdo.

Estas medidas clave atañen a la cuantía de las prestaciones, a la actualización de estas en función del IPC anual, a la edad de jubilación y al acopio de nuevas fuentes de financiación, entre otros. Lo de la actualización de las pensiones con arreglo al IPC, una concesión política del Gobierno de Rajoy arrancada en los últimos días de su agónica despedida, se ha convertido en el punto principal del debate. Quienes entienden de números y afrontan el análisis de las cosas desde una perspectiva eminentemente técnica insisten en oponerse a la polémica actualización de las prestaciones. Frente a estos se encuentran quienes dan prioridad a las concesiones políticas hacia un importante colectivo de españoles, que en momentos de confrontación electoral se convierten en caladero de votos potenciales para quien defienda las mayores concesiones para los españoles que viven de la jubilación.

Es un debate eterno y que nunca ha contado con el clima adecuado de serenidad para desembocar en una propuesta factible, viable y ortodoxa desde el punto de vista financiero. Aumentar las pensiones implica encarecer el coste del empleo, lo que convierte al sistema de pensiones justo en lo contrario de lo que pretende ser, un mecanismo de solidaridad intergeneracional. La estructura del empleo y de la población activa en España son de una naturaleza muy compleja que dificulta dar satisfacción por igual a ambas partes, es decir, a los dos sectores sociales afectados, el de quienes aspiran a disfrutar de la mejor pensión posible tras su jubilación y los que desean contar con un trabajo estable y remunerado en condiciones competitivas lo que no es compatible con el alto coste laboral que lleva aparejada esta posición laboral. El debate puede eternizarse pero existen a estas alturas motivos bastante abundantes para suponer que el debate político no es el mejor escenario para lograr una solución factible y del gusto de los afectados. Habrá que buscar algún mecanismo para alejar este debate de la escena política ya que de lo contrario el problema carece de solución.