Una Agenda con pocas propuestas

El Gobierno, de la mano de la ministra de Economía y Empresa, Nadia Calviño, lanzó este pasado viernes su anunciado programa de modernización de la economía española bautizado como Agenda del Cambio. Es un documento de interesante lectura, más programático que descriptivo de las políticas que el Gobierno de Sánchez quiere desarrollar en los próximos meses o años de su mandato. El documento propone 60 medidas diferentes en siete áreas y 17 objetivos de ámbito general.

Se trata de un documento bastante teórico en el que rara vez desciende a propuestas concretas y en el que domina la preocupación por fortalecer las bases sobre las que se asienta el crecimiento de la economía española. El contenido es de corte bastante ortodoxo, con muy escasas concesiones a las propuestas populistas que vienen lanzando en estos últimos años algunos de los partidos o grupos políticos que han dado su apoyo al Gobierno y, últimamente, también algunos grupos políticos de ámbito abiertamente conservador. Abrirse paso con un programa económico que ofrezca una alternativa creíble a las tesis más demagógicas de los grupos que se sitúan en la zona extrema del abanico político es un intento digno de alabanza. El hecho de que el documento haya salido del departamento que dirige Nadia Calviño, la más europea de nuestras ministros y ministros, ya constituye de por sí un buen aval.

Dicho esto, el documento parece condenado de antemano a un fugaz recorrido, no sólo por las circunstancias políticas en las que vivimos estas semanas, cuando no hay siquiera certeza de que vayamos a contar con unos Presupuestos Generales del Estado para el año en curso, sino porque el Gobierno actual no cuenta con la fuerza parlamentaria suficiente como para impulsar grandes cambios en ninguna dirección, lo que incluye desde luego las eventuales iniciativas de tipo económico.

Hay dos puntos en los que el documento gubernamental pone cierto énfasis. Por un lado, el moderado margen de maniobra con que cuenta el sector público para desarrollar políticas eficaces que impliquen un nivel de gasto proporcional al que pueden utilizar otros países de nuestro entorno. El hecho es que España tiene un gasto público primario limitado al 38% del PIB, un porcentaje que se queda muy por debajo del 45% que caracteriza a las economías similares de la Eurozona. Es por este motivo por el que la Agenda del Cambio dedica importantes esfuerzos a justificar la necesidad de aumentar la presión tributaria, sin la cual una buena parte de los objetivos económicos que se proponen quedaría en blanco o seriamente condicionada.

Un segundo frente es objeto de alguna mención en el documento gubernamental, el serio problema que puede limitar el crecimiento económico español en el futuro y al que se le viene dedicando muy escasa atención: la escasez de recursos humanos, tanto en cantidad como en preparación. España está afrontando en silencio, pero no por ello se le puede restar importancia, un proceso de rápido envejecimiento de la población en paralelo con un frenazo en la tasa de natalidad. No hay medidas públicas adecuadas para corregir este serio problema que va a limitar nuestras posibilidades de crecimiento. Tampoco la Agenda del Cambio, aunque menciona el problema y su gravedad, ha sido capaz de ofrecer soluciones creíbles. No es desde luego el problema que va a limitar y a hacer más vulnerable el crecimiento futuro del país, pero desde luego es uno de los más serios y más difíciles de resolver.

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