Los equilibrios del alquiler

El crecimiento del alquiler en España, uno de los países desarrollados más parcos en esta modalidad de habitabilidad, ha provocado un inesperado galimatías en la regulación legal. Las buenas intenciones de los partidos que dieron su apoyo hace meses al actual Gobierno han derivado en una situación bastante parecida a un vacío legal, ya que la normativa existente antes de mediados de diciembre, antes de la aprobación del decreto ley de la discordia que el Congreso ha rechazada hace días, ha estado en vigor alrededor de un mes y ahora entra en suspensión, lo que devuelve la legislación vigente a lo que existía antes de diciembre pasado, es decir, antes de que se aprobara el polémico decreto ley que el Gobierno impulsó sin el correspondiente acuerdo político con una mayoría parlamentaria suficiente.

Al no salir adelante esta nueva normativa, sigue en vigor la anterior, pero con una diferencia, la paralización de la actividad arrendadora. La inseguridad jurídica es uno de los mayores males que pueden enturbiar la estabilidad y el progreso de una economía, razón por la que es necesario desplegar todos los medios posibles para ahuyentar los riesgos de desconcierto y paralización entre los agentes económicos.

Meterse ahora en un alquiler conlleva riesgos que provocarán la demora de muchos contratos hasta que la normativa no se clarifique. Hay, en suma, un impacto negativo en la actividad del arrendamiento que puede pesar en el crecimiento de la economía este año.

Por fortuna, las normas que regulan el alquiler de viviendas en toda Europa ofrecen un amplio abanico de opciones y ejemplos en los que fijar la vista, ya que en algunos países líderes en alquiler, como Alemania y otras naciones centroeuropeas en donde el alquiler de viviendas cuenta con una larguísima tradición, el alquiler llega a representar cerca del 50% del parque de viviendas. Es decir, un porcentaje muy superior al que le asignan las últimas estadísticas a España, en donde el alquiler apenas alcanza el 23% de las viviendas familiares.

El Gobierno ha pecado de falta de pericia en el lanzamiento del nuevo decreto ley, ya que ha sido una temeridad no contar ni siquiera con el apoyo de los grupos políticos que hicieron presidente del Gobierno a Pedro Sánchez. Claro que en una situación ideal, lo más razonable habría sido buscar un acuerdo de espectro mucho más amplio habida cuenta de que el arrendamiento de viviendas es una actividad en la que tienen una gran presencia las clases medias en su sentido más amplio, en la medida en que la propiedad de una vivienda y el alquiler de segundos o más pisos se ha convertido en un objetivo del ahorro de las familias.

La regulación de los alquileres debería, por lo tanto, evitar una inclinación unilateral que favorezca sobre todo los intereses de los arrendatarios o, en sentido contrario, de los arrendadores. Hay una segmentación difusa del colectivo de españoles que posee una vivienda en condiciones de alquiler. Contando como válido con el elevado porcentaje de familias españolas propietarias de viviendas en condición de alquilar, poner en marcha una normativa que se decante en favor de los inquilinos sin entrar en las consideraciones justas que han de tenerse en cuenta a la hora de valorar los intereses de los propietarios, es una temeridad y una falta de equilibrio en la regulación de leyes básicas que afectan a la inmensa mayoría de los españoles. La normativa de la vivienda debe dejar al margen los postulados políticos en boga, sobre todo si estos se decantan en favor de posiciones radicales. Hacen falta leyes reguladoras del alquiler plenamente identificadas con los intereses de la inmensa mayoría de los afectados, lo que exige un gran rigor técnico y político.

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