El desbarajuste fiscal autonómico

Ahora que llegan nuevos Gobiernos autonómicos (el de Andalucía parece que está al caer y algunos otros pueden fraguarse a partir de las elecciones del mes de mayo), sería bueno aprovechar la oportunidad para esclarecer un poco el panorama fiscal, que si por algo se caracteriza es por su dispersión, opacidad, multiplicidad de variantes y escasa vocación por incentivar la actividad económica y favorecer la creatividad. Todo ello, claro está, en detrimento del crecimiento económico y del empleo.

Puede que Andalucía sea una de las zonas en donde el espíritu autonómico nacido al calor del nuevo Estado diseñado a partir de la Constitución del año 1978 ha logrado crear figuras tributarias menos estimulantes para el ánimo creativo y emprendedor y en donde las buenas intenciones formuladas en aras de una más justa distribución de la riqueza han devenido en actuaciones fiscales que no han logrado sus propósitos sino más bien al contrario crear figuras tributarias con un bajísimo potencial recaudador y una alta disuasión creativa. Figuras fiscales que en algunos casos generan más coste público para su aplicación que los ingresos tributarios que se obtienen a la hora de la recaudación.

El uso de los amplios márgenes que la Hacienda estatal ha dejado a los entes autonómicos para ajustar algunos impuestos a los deseos de las regiones, con la sana intención de reforzar su capacidad financiera, ha alcanzado en algunas Autonomías resultados justamente inversos a los fines que se perseguían. Un análisis de la aplicación del Impuesto de Sucesiones y Donaciones, que se encuentra cedido a las Autonomías desde casi sus inicios a finales de los años 80, puede llegar incluso a la conclusión de que algunas de estas figuras tributarias provocarían un aumento automático de los ingresos fiscales con su mera desaparición.

La maraña tributaria formada por los impuestos de tipo general cedidos se ha enriquecido con los tributos creados por las propias Autonomías, con casi un centenar de tributos creados para diversas finalidades propias de cada región autonómica. Por si fuera poco, otros nuevos impuestos se han añadido como consecuencia de la exuberancia creativa que han desarrollado algunas administraciones periféricas al poner en marcha tributos relacionados con la preservación del medio ambiente o inspirados en nuevas tendencias surgidas en organismos internacionales o en países de nuestro entorno.

Tributos que en algunos casos desarrollan la voracidad fiscal enfocándola hacia actividades como el juego o la renacida actividad turística que se ha visto favorecida en algunas zonas de España con los últimos avances del turismo internacional. Por no hablar de los ingeniosos impuestos contra la proliferación de los residuos o el abuso en el empleo de los materiales plásticos. Todo parece adecuado a la hora de incrementar el arsenal de figuras tributarias, con las cuales pasar factura a las actividades económicas más insospechadas, con efectos colaterales perniciosos que a veces obstaculizan uno de los principios más deseables de una economía moderna, como es el de la unidad de mercado en todo el territorio estatal.

Todo ello con la indisimulable finalidad de incrementar la recaudación o promover cambios sociales que no deberían constituir, en sí mismos, el objetivo de la política fiscal, ya que para eso existen mecanismos mucho más eficaces e idóneos. Es bastante llamativo el hecho de que los estímulos a la creatividad empresarial o al desarrollo de iniciativas generadoras de empleo no formen parte de la atrofiada estructura fiscal y tributaria que se ha ido desarrollando en la España de las Autonomías. Si ahora vamos a asistir a una remodelación más o menos generalizada de los Gobiernos autonómicos del país, quizás bueno sería que los partidos políticos de ámbito estatal trataran de poner un poco de orden en todo este desbarajuste.