La OCDE matiza pero insiste

De los tres informes sobre la economía española de estos últimos días, el que ha elaborado la OCDE parece el menos crítico de los tres con el Gobierno español, aunque no se ahorra algunas críticas de medio y largo alcance. Es, no obstante, el más comprensivo con el sesgo social de las decisiones adoptadas por el actual Gobierno, en particular con la fuerte subida del Salario Mínimo Interprofesional, cuyo aumento en algo más del 22% considera aceptable habida cuenta del bajo nivel que presenta este salario de referencia, en especial cuando se compara con el de otros países.

También destaca la OCDE, por boca de su principal ejecutivo, el mexicano Angel Gurría, que España se mantiene como una de las mejores economías de la organización que agrupa a los países más desarrollados, incluso después de haber recortado ligeramente sus previsiones para el año en curso hasta el 2,6%, pronóstico que se sitúa en la línea media de los que se manejan en estos momentos.

La organización supranacional ha subrayado en su análisis sobre España la necesidad de adoptar políticas que tiendan a disminuir la creciente desigualdad, acelerada a lo largo de los años de crisis. No aporta, sin embargo, apenas pistas sobre la forma de lograrlo, como no sea mediante el aumento del Salario Mínimo, cuya idoneidad ha sido criticada por bastantes analistas, tanto foráneos como españoles, en la medida en que puede dificultar el acceso al empleo de los jóvenes, en especial los que tienen menos nivel de formación. También sugiere la necesidad de concentrar más las ayudas públicas en los segmentos de menor renta del país, de forma que las políticas sociales puedan cumplir un papel más activo a la hora de reducir los desniveles de renta y las carencias de algunos sectores de la población, sobre todo en el terreno educativo.

Sin embargo, y a pesar del tono aparentemente complaciente de la OCDE hacia el Gobierno español, algunas de sus reflexiones no resultan tan amables con la situación española. Una de las preocupaciones, compartida a estas alturas por casi todo el mundo, es el alto nivel de la Deuda Pública y las escasas expectativas de que esta deuda se vea atemperada en el futuro.

Un problema que tiene mayor importancia no solo habida cuenta de la futura subida de tipos de interés del BCE y por lo tanto el aumento de los costes de financiación, sino porque en paralelo se está desarrollando un desajuste, aparentemente imparable, del déficit de la Seguridad Social. El sistema de pensiones es uno de los puntos más críticos de la economía española en el medio plazo, para lo cual, entre otras cosas, la OCDE recomienda tanto un aumento de la edad de jubilación, acompasándola al aumento de la esperanza de vida, como un fomento vía fiscal de los estímulos para el ahorro privado, asunto que choca con los planteamientos que ha realizado sobre este asunto el Gobierno, lógicamente presionado por sus aliados de izquierdas, partidarios no solo de no incrementar los incentivos fiscales al ahorro sino sobre todo de suprimir los que ya existen.

Las cautelas expresadas por la OCDE no terminan aquí. Ha destacado el organismo la apertura de significativas diferencias económicas entre las Autonomías, un velado ataque a los resultados de la España de las Autonomías. También urge a resolver las ineficiencias del sistema educativo, asunto del que se habla poco en España, a pesar de que ya estemos en manos de la octava reforma educativa que se aborda desde la restauración de la democracia, sin que tanta abundancia de intentos haya servido para consolidar un sistema educativo que sea de general alabanza. No se priva tampoco la OCDE de recordar la necesidad de que el sistema bancario se oriente hacia niveles de solvencia más acordes con las necesidades de la economía, sobre todo si sobreviene una nueva fase de crisis.

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