Trío de suspensos

En una sola jornada, los planes económicos del Gobierno han recibido un importante varapalo de tres instancias económicas internacionales que no son desdeñables, el FMI, la OCDE y la Comisión Europea. No es fácil encontrar tanta unanimidad en los análisis ajenos. Pero el hecho debería alimentar un poco las exigencias de autocrítica de las autoridades españolas.

La síntesis de los veredictos es además muy coincidente. Se fijan en la escasa credibilidad de las cuentas públicas y en el diseño todavía inapropiado de algunas leyes y medidas, como las que afectan al mercado de trabajo con su elevada temporalidad o a la necesidad de mantener las reformas llevadas a cabo hace tres años y que siguen mereciendo un juicio más bien favorable dado su positivo impacto en la creación de empleo durante estos últimos años.

Las tres principales deducciones que presentan los informes de los tres organismos arrojan sombras sobre el crecimiento económico, sobre la capacidad para sujetar el déficit público dentro de las coordenadas previstas y un mal augurio sobre la posibilidad de reducir la pesada carga del endeudamiento del sector público, una losa que amenaza el futuro económico español. Además, los expertos de los tres organismos coinciden una vez más en recordar los elevados riesgos de mantener el actual sistema de pensiones sin cambios sustanciales que mejoren su sostenibilidad futura.

Por un lado, la economía crecerá algo menos de lo previsto (en lo que no tienen la culpa las autoridades españolas sino sobre todo el contexto internacional), ajustándose la línea tendencial de los pronósticos al 2,6% de aumento del PIB, aunque el FMI es algo más enérgico, y nos asigna un 2,5% de crecimiento para este año 2018. La línea bajista de cara al año 2019 apunta también a reducciones de una o dos décimas en el PIB previsto. Esta rebaja en las previsiones es el aspecto menos grave de los pronósticos formulados por los organismos internacionales, ya que a pesar del leve recorte, la economía española mantendrá un nivel comparativamente elevado en relación con las tasas de aumento del PIB en las economías importantes de la zona euro.

La segunda cuestión en la que el Gobierno se ha encontrado con un rechazo generalizado entre los analistas internacionales es en la vertiente presupuestaria, asunto que se resume fácilmente: habrá más déficit del previsto, las previsiones de ingresos que maneja el Gobierno no son creíbles ya que las figuras fiscales de nuevo cuño no darán para tanta recaudación, los objetivos de gasto son altos pero pueden empeorar aún más la situación y, a la postre, España no logrará una reducción suficiente de la Deuda Pública, una de las funciones que se considera más necesaria para que la economía española logre un crecimiento sostenible y libre del alto grado de vulnerabilidad que se deriva de elevadas deudas. España no está aprovechando la bonanza económica por la que ha estado atravesando el país en estos tres últimos años. Bruselas ha estimado que en el mejor de los casos la deuda pública española se mantendrá en el 96,2% del PIB.

Una tercera discrepancia de los organismos internacionales atañe a la solidez del sistema de pensiones y a lo discutible de algunas de las últimas decisiones anunciadas por el Gobierno, como la fuerte subida del salario mínimo, un 22% de golpe y porrazo. Tampoco están de acuerdo estos organismos en el mantenimiento de una estructura fiscal que elude subidas del IVA, sobre todo en los bienes y servicios más beneficiados por los tipos inferiores al general.

En suma, el triple veredicto le pone un suspenso bastante generalizado a la conducción de la economía, lo que debería obligar al Gobierno a un profundo examen de conciencia.