Dentro de unas cuantas semanas, a principios del año 2019, el Banco Central Europeo (BCE) dejará de comprar Deuda Pública española. Lo hará con todos los Estados de la zona euro, tal y como ha venido anunciando  desde hace ya algún tiempo. Este cambio de política, que de momento no afectará a los tipos de interés oficiales (que quizás no experimenten subidas hasta finales del año que viene, es decir, dentro de un año), puede implicar consecuencias importantes para la economía española.

Suban o no los tipos de interés oficiales, lo cierto es que en las futuras subastas de Deuda Pública que realice el Tesoro a partir de enero los inversores, españoles  y foráneos, van a exigir posiblemente remuneraciones más elevadas por comprar títulos españoles. No se trata solamente de que la deuda de los países periféricos esté herida de forma inequívoca como consecuencia del alboroto que está organizando Italia con su  ausencia de disciplina presupuestaria. De lo que se trata, además, es de que a partir de enero habrá menos compradores y que la ausencia de un comprador de postín, el BCE, va a incidir en las posibilidades de los países endeudados de colocar sus títulos en un mercado que registrará un notable bajón de demanda, tanto en volumen como  en la calidad de sus inversores.

La consecuencia inevitable es un aumento de los costes de financiación del Estado español. La cifra que España tendrá que pedir  a los mercados a lo largo del año 2019 supera los 220.000 millones de euros. Cuánto aumentarán los tipos efectivos a los que el Tesoro español  tendrá que financiarse es lógicamente un misterio difícil de prever, aunque es seguro que los costes aumentarán. España sigue financiándose en los mercados a tipos  negativos en las Letras por debajo de un año y a tipos simbólicos en las emisiones de plazo inferior a 3 años.

Nada de esto se mantendrá durante el año 2019, según las previsiones más extendidas, lo que conllevará un aumento de los costes financieros del Estado, es decir, más gasto público y, si se trata de contener el déficit, este aumento del gasto público para pagar los excesos de costes financieros de la Deuda Pública se traducirá en inevitables recortes en otros gastos.

La  deriva presupuestaria del año que viene puede resultar, por lo tanto, altamente perjudicial para el manejo de la economía y, de forma especial,   para afrontar los gastos sociales que con tanto énfasis han aireado los dos partidos que soportan el actual Gobierno.

España ha  perdido en estos últimos años,  realmente desde que comenzó la sólida recuperación del PIB  en el año 2015, la oportunidad de reducir el peso de la Deuda Pública en el PIB, que se mantiene en torno al 100%. En las condiciones en las que se ha movido la economía, este porcentaje es más o menos asumible, aunque implica  una pérdida de oportunidades porque desvía recursos desde la inversión hacia el gasto corriente. España ha desperdiciado la oportunidad de estos años de crecimiento brillante para darle un importante tijeretazo al volumen de deuda. Los bajos tipos de interés y la tranquilidad de tener al BCE como  comprador seguro parecen haber provocado un efecto anestésico más que un apoyo al crecimiento. Es una pena pero este desliz nos costará muy caro. Y empezaremos a pagarlo con esfuerzo creciente a partir del año próximo.