Un acuerdo para la reflexión

Las  primeras sensaciones que desprende el acuerdo entre el Gobierno y Podemos sobre el Presupuesto para el año próximo dejan en el aire dos dudas razonables. La primera, en qué medida Pedro Sánchez logrará el apoyo necesario (es decir, la aquiescencia de varios partidos políticos de muy diversa orientación) para organizar una mayoría suficiente con la que aprobar las leyes que se ven implicadas en este acuerdo de amplio espectro. La  segunda duda es de ámbito más técnico, la cuantía de las cifras, en donde no siempre hay claridad ni la suficiente transparencia.

En este aspecto hay que entender el razonable grado de maquillaje que es susceptible aplicar a las previsiones de ingresos adicionales y de mayor gasto, sobre todo en los primeros, ya que los gastos tienen más garantía de cumplimiento mientras las previsiones lo aguantan todo, o casi todo. La primera presentación de las cifras ya ha ofrecido algunas discrepancias considerables, desde los 7.000 millones de euros de mayores ingresos de los que se ufana el líder de Podemos hasta los 5.700 millones que ha cuantificado la titular de Hacienda. Bien es verdad que una y otra presentación de cifras incluye diversidad de capítulos, sobre todo en el ámbito de la Seguridad Social.

Los cambios fiscales que se incluyen en este acuerdo entre los dos partidos implican en todo caso un importante giro que no dejará de tener un impacto considerable en la evolución de la economía.  La brusquedad del cambio es lo que debería  ser motivo de reflexión, ya que  la decisión de elevar de una sola vez el Salario Mínimo en un 21% (la mayor subida anual que experimenta esta renta) resulta altamente preocupante.

Sin llegar a poner en duda la justeza de esta subida, es bastante dudoso que la economía española pueda permitirse un salto de tal magnitud  sin que provoque efectos colaterales poco satisfactorios. La economía está en una fase todavía alcista después de tres años de crecimiento muy positivo, pero  este ritmo de mejora de la actividad económica puede colapsar si desde el Gobierno empiezan a adoptarse medidas desproporcionadas de aumento del gasto sin correspondencia con la creación real de riqueza. La desproporción en la subida del Salario Mínimo es un asunto a contemplar con algo más de sensatez.

Las medidas fiscales que se dispone a aprobar el Gobierno tras este pacto implican un aumento de la presión fiscal de una sola vez que tampoco parece adecuada al momento económico que vive la economía, cuyo máximo cíclico ha quedado ya atrás. Nos estamos adentrando en una etapa de crecimiento decreciente en la que los estímulos deberían desempeñar un papel más activo que las penalizaciones. En las últimas semanas, varios organismos internacionales y algunos analistas que nos observan desde el exterior han mostrado los primeros síntomas de inquietud sobre la continuidad de la bonanza económica española.

Tras la retórica populista que domina el lenguaje de presentación de estas medidas subyace una ausencia de rigor que debería ser analizada con mayor detalle. Además, los impulsores de este programa de medidas parecen ignorar el hecho de que la economía española ya no es un islote en el mundo sino un entramado inmerso en la economía global, de forma más inmediata en la economía europea, que no dejará de valorar negativamente los cambios de rumbo y los volantazos que se adoptan en nuestro país. Estas medidas afectan no solo a los agentes económicos españoles sino a los que,  con creciente confianza  y procedentes de otras latitudes,  han  intensificado su presencia  en la economía española, cuyas reglas de juego  no pueden ser modificadas sin que ello acabe pasando factura.