Los pilares de la nueva fiscalidad

El menú fiscal que prepara el Gobierno está clarificándose poco a poco. Habrá  tasa a las transacciones financieras, habrá tipo mínimo para el Impuesto de Sociedades (es decir, obligatoriedad del pago de un importe que deja fuera las deducciones que  abundan en este tributo) y un pellizco a las rentas más altas en el IRPF, cuya capacidad recaudatoria no está muy clara aunque se supone que será modesta.

Con estos tres mimbres, el Gobierno pretende salvar su imagen progresista y darle algunas bazas a sus socios de la zona más radical, cuyos votos necesita para  mantener una cierta mayoría confortable en el Congreso. No está claro que los aliados parlamentarios comulguen plenamente con este prontuario, sobre el cual se han estado desarrollando largas y tediosas negociaciones, por ejemplo para fijar el umbral de lo que se entiende por “ricos” o por “clase media”.

Lo progresista es ponerles  a algunos de estos colectivos tipos más altos en el IRPF (no se habla de movimiento alguno en relación con el Impuesto sobre el Patrimonio ni sobre el vidrioso asunto de  Sucesiones), aunque las proyecciones que han realizado los técnicos sobre el potencial de aumento de la recaudación  resultan decepcionantes debido a su escasa aportación a los ingresos futuros. Esto sin contar con el hecho de que los afectados  adopten medidas  defensivas reduciendo sus bases impositivas declaradas, lo que neutralizaría el efecto recaudatorio deseado.

La baza más relevante  reside al parecer en no castigar a la clase media, ese colectivo en el que aspiran a cultivar su fidelidad política algunos de los partidos que forman ese heterogéneo colectivo de votantes en  favor de la investidura del actual presidente del Gobierno, que necesita los votos de grupos políticos fuertemente dispares en sus planteamientos ideológicos y políticos. Es decir, en sus objetivos de reformas económicas necesarias. El umbral de los 150.000 euros de renta  anual  por encima del cual se entra en la consideración de “rico” susceptible de  soportar un IRPF  más “solidario” y por lo tanto más elevado  es una referencia bastante  discutible, como  entenderán muchos de los afectados.

Hay, en todo caso, serias dudas de que el cuadre de las cuentas públicas rumbo a un déficit más presentable y defendible en Bruselas  se pueda sustentar con los ingresos que aporten estos tres  bloques de tributos, a los que se podrían añadir algunas medidas destinadas a ponerle nueva fiscalidad a algunos instrumentos de ahorro (como las famosas “sicav”) y sobre todo retirando las deducciones fiscales a los inversores que aprovechan la fiscalidad favorable de los planes de pensiones, terreno en el que se podrían lograr ingresos bastante sustanciales pero a costa de desbaratar una de las vías alternativas que tienen los ciudadanos con capacidad de ahorro para disponer de una renta más presentable a la edad de jubilación.  Es en esta  medida en la que se podría asestar un duro golpe a la clase media  española, que en los últimos años ha apostado de forma masiva por esta modalidad de ahorro finalista.

Llama en todo caso la atención que en el encuadre de las cifras no se contemplen, al menos de forma pública y explícita, medidas de ningún tipo para domesticar el gasto público, un terreno en el que se podrían hacer bastantes cosas y que ineludiblemente habrá que afrontar cuando las futuras subidas de tipos de interés pongan contra las cuerdas al Tesoro, con sus rápidos incrementos del coste financiero. Ese será, previsiblemente a partir del año 2019, uno de los principales desafíos a los que tendrá que enfrentarse al Presupuesto español y el déficit público.

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