La vivienda pide nuevas soluciones

Los precios de los pisos siguen en alza. Los alquileres están registrando las subidas más importantes de los últimos años y  ya alcanzan niveles que no se habían visto en algunas grandes ciudades desde hace una década. Entre tanto, los salarios se mantienen estancados  e incluso, debido a la erosión inflacionaria, con ligero descenso en la capacidad adquisitiva. Para muchos españoles, encontrar una vivienda es en estos momentos uno de los  problemas más acuciantes.

Cálculos de organismos especializados y de agencias privadas señalan que España ofrece uno de los porcentajes más elevados de población que debe destinar más del 40% de su renta a resolver su problema de vivienda, cuando la media en los países desarrollados es del 15%  de los habitantes. El porcentaje de españoles altamente dependientes del alquiler ronda, según las estimaciones más habituales, entre el 33% y el 37% de la población, aunque en algunas áreas, como las grandes ciudades, la población que debe destinar más del  40% de su renta a pagar el alquiler mensual del piso puede acercarse al 50% de los inquilinos. Con este altísimo nivel de dependencia del precio del alquiler, el margen que le queda a las familias para el consumo en otros menesteres está más cercano a la estrechez e incluso a la pobreza.

La subida de los alquileres, muy acusada en los dos últimos años, tiene motivaciones muy diversas. Una de ellas se deriva de la crisis inmobiliaria de hace una década, cuando el modelo tradicional español de acceso a la vivienda mediante la adquisición y el  consiguiente endeudamiento bancario entró en crisis, lo que llevó a muchos españoles a entrar en la vía del alquiler como preferencia frente a la compra. Ese modelo fomentó los alquileres, de forma que España fue cediendo terreno  en la comparación internacional, ya que era uno de los países con mayor peso de las viviendas en propiedad.

Pero la situación ha cambiado de forma radical, de forma que ahora le salen las cuentas bastante mejor a muchos españoles que acceden a la vivienda por la vía de la propiedad más que del alquiler, ya que los costes de financiación han bajado mucho, los tipos de interés son  bastante más bajos y la tolerancia de las entidades financieras a la hora de financiar la compra de una vivienda ha mejorado, de forma que el acceso al crédito es bastante más asequible.

En cualquier caso, el acceso a la vivienda, propia o en alquiler, se ha convertido en un importante quebradero de cabeza para muchos españoles, asunto al que tendrá que enfrentarse este Gobierno en el inmediato futuro  tras varios años de abandono de las políticas de vivienda. Uno de los empujones que podría recibir el nuevo planteamiento de la política de vivienda es el incremento significativo de las viviendas protegidas y con precios más asequibles. Es decir, una estrategia más agresiva de los poderes públicos  para ejercer un papel complementario que en los últimos años ha brillado por su ausencia, dando total preferencia a la libre actividad del sector privado, muy activo en el asunto por cierto. La vivienda, sobre todo la orientada al alquiler, se ha convertido en los últimos dos años en el motor de la inversión extranjera con la llegada de importantes fondos de inversión orientados a la compra de paquetes de pisos para el alquiler. La actividad de las compañías de inversión españolas creadas en los últimos años, las denominadas socimis, ha reforzado  también esta actividad de forma muy notable.

Los nuevos responsables de la vivienda en el Ministerio de Fomento (en donde la responsabilidad de esta  materia ha sido elevada de rango administrativo, en un claro gesto de darle a la cuestión una clara prioridad que en los últimos años había decaído) parecen dispuestos a darle un empujón al sector, tanto mediante el incremento de la oferta como mediante la reforma de algunas de las leyes que se han  aprobado en los últimos años y que no han tenido efectos positivos para los demandantes de alquileres. La aplicación de mecanismos fiscales adecuados podría ser una de las medicinas necesarias, siempre que se orienten a favorecer a la demanda sin penalizar a la oferta.

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