Taxis y pisos turísticos, más de lo mismo

La batalla del taxi contra los nuevos operadores del transporte privado, los VTC de reciente aparición,  está en compás de espera, en tregua,  y otro tanto sucede con los pisos turísticos. Son dos frentes   en los están tropezando los partidarios de la economía libre y los que se aferran a las viejas fórmulas regulatorias  de corte paternalista y gremial, aunque en ambos casos hay trucos y trampas ya que  en muchas ocasiones no es lo que parece, como estamos viendo en el mundo del taxi y de los operadoras VTC, muchas de cuyas licencias pertenecen al gremio que teóricamente es el adversario y el perjudicado.

Hay varios frentes abiertos en estas dos grandes peleas y uno de ellos, como no podía ser de otra forma, es el que trata de dirimir en dónde se encuentra el verdadero poder  de decisión.  En ambos casos, tanto en la llamada guerra del taxi como en las actividades de alquiler  de pisos turísticos, la competencia regulatoria  pertenece al Estado mientras los entes autonómicos o municipales desempeñan un papel secundario.

Esta colusión de  poderes regulatorios ha justificado la entrada en escena de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), que ha reclamado sus potestades, tratando de dirimir los intereses en juego para preservar – ese es su papel fundamental – la existencia de una competencia  real entre los agentes económicos que intervienen en ambas actividades, de forma que el consumidor final no salga perjudicado.

En virtud de estas potestades que la ley le confiere, la CNMC ha decidido poner freno a   las iniciativas regulatorias emanadas desde los Ayuntamientos y las Comunidades Autónomas. A la postre, lo que se está jugando en ambos tableros es algo más el juego de los intereses económicos de unos y otros. Lo que se está barajando es la propia estructura organizativa del Estado.

Algunos Ayuntamientos y desde luego las Autonomías más deseosas de ampliar su campo competencial se han lanzado a regular las actividades de taxistas, VTC, operadores turísticos y aspirantes a serlo, sin reparar en que la regulación de todas estas actividades debe respetar la  prioridad del Estado como ente que tiene la potestad constitucional de regular la actividad económica en beneficio de la mayoría de los ciudadanos.

Que estas funciones traten de asumirlas otras instituciones, como está sucediendo en el embrollo del taxi y los VTC así como en el complejo oficio del alquiler de inmuebles con fines turísticos o similares,  es una clara disfunción que el Gobierno haría bien en atajar con toda claridad, aunque este no sea precisamente el momento más propicio dada la enorme fragmentación de la mayoría parlamentaria, la dificultad de lograr mayorías que permiten elaborar y aprobar leyes orgánicas que mantengan la unidad de mercado consagrada por la Constitución  y el oportunismo de algunos partidos políticos que desempeñan el papel populista allí en donde ven la oportunidad  de fidelizar el voto de algunos colectivos (voto que generalmente es volátil) aunque sea pasando por encima de principios más sólidos como es el de mantener un Estado sólido que garantice los derechos de la mayoría de los ciudadanos.