Más impuestos, ¿más crecimiento?

Los primeros números de impacto en la recaudación  fiscal derivados de las medidas que acaba de anunciar Pedro Sánchez son para asustar. A primera vista parece que no lo va a pagar nadie o, en todo caso,  las grandes empresas y los ricos. Pero sabemos de sobra que esto no es así  ya que el poder de difusión de las cargas fiscales es bastante intenso y no siempre aporta efectos deseables sino más bien lo contrario.

Las estimaciones (no oficiales) de los técnicos de Hacienda (la asociación Gestha) evalúan el sumatorio de las nuevas medidas fiscales en un importe que oscilaría entre los 9.700 y los 14.100 millones de euros, un importe que se acumularía a los ingresos actuales a lo largo de los dos próximos ejercicios fiscales. Parece una cifra bastante elevada.

Los empresarios, en la medida en que las empresas son las principales destinatarias de las subidas, han puesto el grito en el cielo. Desde luego, este programa fiscal no es para darle un empujón alcista a la economía  (sobre todo a la inversión) ni para acelerar el entusiasmo de los inversores.  El programa, por desgracia, nace incompleto. En ninguna parte ofrece a cambio compromisos firmes del Gobierno por mejorar  la eficacia del gasto público o para minimizar los numerosos despilfarros, que los sucesivos Gobiernos apenas se han  molestado en analizar y cuantificar.

Los defensores de este  empujón recaudatorio han recurrido a los argumentos naturales y bien conocidos en estos casos: la presión fiscal en España es aún más baja que en la media europea y se estima que la brecha fiscal, o lo que en la UE se recauda por encima de lo que se hace en España, es de unos 62.000 millones de euros. Es decir, que en condiciones nominales similares, los impuestos españoles tienen un importante paso que dar para equipararse a las empresas homogéneas europeas.

Hay también otras fuentes adicionales de ingresos fiscales que resultan menos discutibles. Por ejemplo, la lucha contra el fraude fiscal y la importante batalla pendiente contra la economía sumergida. Son dos vías en las que todo el mundo está de acuerdo pero pasan los años y los Gobiernos solo  consiguen avances modestos en estas vertientes del ingreso  fiscal. La suma de tributos perdidos que se englobarían en estas dos carencias posiblemente se pueda evaluar por encima de los 30.000 millones de euros anuales.

Mucho dinero  para no exigir que las propuestas fiscales se olviden una y otra vez de poner sobre la mesa medios adecuados para ponerle remedio a tanto  despropósito, máxime cuando desde todas las vertientes de la vida pública estas labores encontrarían el reconocimiento casi unánime. El presidente Sánchez ha lanzado una iniciativa  mitad ingenua, a medias irrealizable, que consiste en prohibir por ley futuras amnistías fiscales.  Con eso no basta para dotar de credibilidad a la lucha contra el fraude. Las amnistías fiscales son criticables desde muchos ángulos, pero a veces  han sido también instrumentos de partidos de izquierdas que las han aplicado con cierto éxito. No siempre  la amnistía es un asunto propicio para lanzar soflamas moralizantes. En ocasiones es un sólido argumento recaudatorio que se alcanza con un desgaste político asumible.

Claro que las amnistías fiscales no se pueden llevar a cabo de forma habitual. Hay una exigencia de temporalidad que habría que analizar con detalle pero es una medida perfectamente posible bajo la exigencia de un amplio acuerdo político, algo que en ocasiones se ha llevado a la práctica en España.