La tarea económica pendiente

Hay opiniones dispares sobre el impacto que puede tener el cambio de Gobierno en la economía española a corto plazo. Analistas de ámbito internacional creen que Pedro Sánchez no tiene apenas margen de maniobra para dar un vuelco radical a la conducción de la economía, una opinión que cuenta con bastantes adeptos. El cambio de Gobierno en España puede tropezar con un cierto clima de inoportunidad ya que los países periféricos se encuentran en estos momentos en una situación algo delicada, sobre todo a causa del desbarajuste italiano, lo que se ha traducido en  aumentos importantes de la prima de riesgo (la española se ha posicionado de nuevo por encima de los 100 puntos básicos, lo que encarecerá a corto plazo la financiación del Estado), y sobre todo en un incremento de la suspicacia hacia los países mediterráneos, a los que ahora se mira con algo más de atención.

Si lo que puede hacer en estos meses que le quedan hasta las elecciones (periodo impreciso, pero limitado en cualquier caso hasta finales del año 2019) consiste en revertir reformas adoptadas en los últimos años por el Gobierno  de Rajoy (la reforma laboral está en el punto de mira de los sindicatos y de algunos de los partidos que le han aupado a la Presidencia del Gobierno, aunque previsiblemente no tendrán  mucho peso en el futuro Ejecutivo), la hoja de ruta del nuevo presidente tropezará con algunas dificultades.

En principio, son dos los frentes principales en los que Sánchez va a tener que lidiar con un alto sentido del realismo. El primero es el de la reforma laboral. El segundo, la política fiscal, es decir, el respeto a los compromisos de déficit público decreciente que se han ido pactando con Bruselas en estos últimos tres años y que se deberían orientar hacia la recuperación de algo  parecido al equilibrio presupuestario.

Otros temas no menores que requieren una respuesta bastante inmediata  son el arreglo del déficit de las pensiones y la reorganización de la financiación autonómica, en particular  la solución que  habrá que darle a la deuda autonómica acumulada en estos años de crisis, una deuda que supera los 160.000 millones de euros. En el tema de las pensiones, el último retoque que preparaba el Gobierno de Rajoy consistía en poner en aplicación un impuesto extra a las compañías multinacionales para arañar unos 2.000 millones de euros de ingresos fiscales con los que ponerle un remiendo al déficit de la Seguridad Social.

En el asunto de la reforma laboral, la beligerancia socialista contra la normativa desarrollada por el Gobierno del PP en los últimos años  contará con el apoyo de los sindicatos y de buena parte de los partidos que han apoyado al PSOE en la moción de censura. Pero la nueva normativa  laboral ha sido  algo más que una ocurrencia de los “populares”. Ha sido sobre todo el resultado de la presión conjunta de Bruselas, el FMI y un amplio  colectivo de inversores y empresarios, tanto españoles como extranjeros.

Una marcha atrás en esta legislación requerirá  una elevada dosis de tacto para dar alguna satisfacción a la militancia socialista y a las organizaciones sindicales, que no entenderían la abstinencia de Sánchez en este asunto. Pero un giro brusco en las leyes laborales españolas  sería una señal muy negativa para los inversores y en general para el mundo de la empresa.  El deterioro de la creación de empleo  podría ser el corolario de este cambio de política. La búsqueda de una solución de compromiso podría ser una de las  aportaciones de Sánchez a la gestión de la economía.   Romper la endiablada  dinámica del empleo precario en España será una tarea compleja pero no es descartable alguna solución de compromiso.

La política fiscal y presupuestaria será el otro gran eje de la tarea económica inmediata ya que las cuentas que han dejado Rajoy y Montoro están muy ajustadas para cumplir con los compromisos. Subir impuestos mejoraría indudablemente las posibilidades de cumplir estos compromisos, aunque subir impuestos en una fase política de  proximidad a las elecciones no resultará del agrado de muchos votantes, por lo que los gobernantes que tomen estos días las riendas de la Hacienda Pública tendrán que mirar con esmero el impacto de las medidas que tomen sobre sus expectativas electorales.

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