El parche fiscal de las tecnológicas

Las cifras lo aguantan todo. El insoportable déficit de la Seguridad Social sigue sin encontrar solución aunque, año a año, con los crecimientos del empleo y de la afiliación, las cuentas  se van mitigando  a pesar del incremento imparable de los gastos, que ya ronda los 9.000 millones de euros mensuales. La búsqueda de una solución (financiar de forma adecuada y razonable las necesidades del sistema público de pensiones) se sustenta sobre un débil y delicado desequilibrio: hay que poner cada año más dinero para sufragar el creciente coste de las prestaciones y para pagar las nuevas necesidades que emergen cada año debido a que la masa de beneficiarios aumente sin cesar y lo hace a ritmos que ni siquiera una economía en expansión, y en fuerte expansión, como la española puede afrontar.

El Gobierno acaba de dar con una nueva fórmula para tapar el agujero adicional que han abierto los acuerdos con el PNV para incrementar los gastos de la Seguridad Social y añadir poder adquisitivo a los pensionistas. Se trata de forzar al máximo la recaudación fiscal para que el déficit de la Seguridad Social encuentre vías adicionales que por su propia estructura no puede allegar.

Hay algo de decepcionante en la fórmula porque resulta triste que los impuestos que recauda el país no puedan destinarse a financiar los gastos corrientes, como sanidad, educación o inversiones en infraestructuras. También habría que tener en cuenta que una parte de la recaudación debería ser destinada a erradicar el déficit anual, primero, y reducir la deuda pública acumulada, como segundo paso, ya que el elevado endeudamiento se va a comer a marchas forzadas nuestra capacidad de crecimiento económico.

La fórmula consiste en una especie de trampa fiscal (casi un impuesto finalista), en apretar y exprimir las opciones de aumento de la recaudación fiscal a costa de incrementar la presión fiscal sobre las empresas de la nueva tecnología. Esta nueva recaudación tendría que haber entrado en vigor hace tiempo porque las empresas tecnológicas se están beneficiando en algunos casos de ventajas fiscales derivadas de su capacidad para buscar refugios fiscales en algunos Estados permisivos mientras reducen su carga tributaria en otros en los que obtienen importantes ingresos y altas cifras de negocio con costes fiscales fuera de toda lógica.

Se estima que la nueva recaudación rondará los 500 millones de euros anuales este año y el que viene, lo que no deja de ser una hipótesis que habrá de enfrentarse a la realidad de los hechos. Por desgracia, esta recaudación supletoria no servirá para pagar el coste de los compromisos de mayor gasto presupuestario asumidos con los nacionalistas vascos, de modo que el parche fiscal va a resultar no sólo inadecuado sino insuficiente.

Es decir, además de no aportar los recursos necesarios para reequilibrar el sistema de las pensiones, la nueva fiscalidad adicional se convierte en una oportunidad perdida que podría haberse utilizado para impulsar, con esos recursos derivados de la creciente actividad tecnológica, el desarrollo y el impulso de nuevas actividades relacionadas con la nueva economía.