El disputado voto del pensionista

La movilización del voto de los pensionistas, posiblemente el mayor caladero de votos del PP, el partido que nos gobierna, es la última andanada que le tenía reservada la vida política a Mariano  Rajoy para terminar de demoler sus expectativas de continuidad al frente del Gobierno.

Los pensionistas han encontrado rápido eco en las fuerzas políticas, en buena parte de ellas, no en todas. No está claro que vayan a sacar nada  en claro, porque el asunto de las pensiones está más que  estudiado y diagnosticado.  A cualquiera que eche cuentas y que afronte el asunto con un mínimo de cordura  se le ocurre que subir las pensiones (por encima de la inflación, como se propone estos días)  es una de las cosas más  desafortunadas que puede afrontar la economía del país y desde luego la propia supervivencia del sistema público de pensiones. Es lo que les falta a las jóvenes generaciones para terminar de enterrar sus expectativas de futuro, ya que por sí bastante negras.

La cuestión del futuro de las pensiones viene siendo analizada desde hace años por la comisión de seguimiento del denominado Pacto de Toledo, un pacto sellado en su día por los principales partidos políticos, que decidieron sacar de la arena política este espinoso problema de las pensiones públicas para centrar sus desvelos en la búsqueda de soluciones factibles para garantizar su supervivencia, que es básicamente de lo que se trata.

Porque el sistema de pensiones no tiene un diagnóstico de mala actualización de las rentas. Lo que tiene es un auténtico problema de supervivencia, ya que la cuenta de gastos del organismo (unos 9.000 millones de euros mensuales en la actualidad, por catorce pagas) crece de forma imparable porque los pensionistas son cada vez más numerosos, cada vez viven más tiempo y cada vez cobran más, entendiendo por esto último  la paga media mensual que se  actualiza automáticamente al alza como consecuencia de que los pensionistas de nueva creación (los que dejan la vida activa y pasan a ser pensionistas)  perciben una pensión bastante superior a la que  dejan de percibir quienes fallecen. Es decir, la pensión media de los nuevos  pensionistas crece cada año de forma  apreciable, al margen de que la renta, a partir del momento en el que ingresan en el sistema de la Seguridad Social,  se actualice  más o menos en función de los baremos que aprobó hace poco el grupo de expertos que arropa al Pacto de Toledo y que en los últimos años se viene plasmando en ese  raquítico 0,25% que se queda por debajo de la inflación casi de forma sistemática.

Uno de los grandes condicionantes del sistema español de pensiones, como  a menudo nos recuerdan los expertos internacionales que observan con asombro los rasgos principales de nuestro sistema de previsión social,  es la elevada tasa de sustitución que se le reconoce en España a quien ingresa en la Seguridad Social. Esta “tasa de sustitución” refleja el porcentaje que  representa la pensión a percibir dentro del sistema  respecto al último salario percibido durante la vida en activo. Esa tasa de sustitución es en España algo superior al  80%, muy por encima de la que tienen  otros países europeos y por lo tanto a la media de la UE, que está por debajo del 60% del salario en activo.  La  OCDE tiene una tasa media del orden del 63%.  Con esa elevadísima tasa de sustitución y con un país que soporta tasas de desempleo tan elevadas como el nuestro, el mantenimiento del actual sistema público de pensiones es casi un desafío a las leyes de la física o a las matemáticas. La cuestión es bastante fácil de comprender y quienes piden una actualización de las pensiones por encima del IPC quizás no se estén dando cuenta de  los riesgos que el conjunto del sistema puede afrontar. Ya sin crecer  por encima del IPC el sistema es insostenible, ni qué decir tiene lo que sucederá si se adoptan algunas de las propuestas que están lanzando estos días algunos partidos políticos al aire.