El lío fiscal de las Autonomías

Esa loable aspiración  que reclama igualdad para todos los españoles ante las leyes tiene bastantes excepciones en el terreno fiscal. Lo suele describir una vez al año, por lo menos, el informe que realizan los expertos del REAF, un organismo privado dependiente del Colegio de Economistas, que se ocupa de  estudiar  las cuestiones de tipo tributario y servir de apoyo a los profesionales economistas para el mejor ejercicio de sus funciones.

El análisis anual de este organismo no tiene desperdicio. Pone de relieve la diversidad de normativas fiscales existentes en la España de las Autonomías. El conglomerado fiscal de las Comunidades Autónomas españolas, que recibieron amplios poderes en la materia a medida que se iba poniendo en marcha el Estado de las Autonomías, llega a traducirse en  nada menos que 82 impuestos propios. Resulta patente que esta proliferación de tributos no ha servido para resolver el problema de la financiación autonómica, entre otras cosas porque la  baja capacidad recaudatoria de estos tributos apenas representa el 2,2% de los ingresos fiscales de la recaudación propia en estos territorios.

Tan parcos rendimientos  explican  la permanente querella que mantienen las Autonomías españoles con el Gobierno para tratar de sacarle al Estado más recursos con los que financiar sus políticas. La proliferación de tributos, además de ser de escasa utilidad y notoriamente insuficientes, contribuye además a  generar malestar entre los ciudadanos y a pervertir la imagen de los impuestos, que acaban convirtiéndose en un galimatías que complica la vida a la gente, obtiene escasos recursos financieros y  multiplica la arbitrariedad, sin resolver la desigualdad existente.

Algunos impuestos, además, se han convertido en arma competitiva para generar diferencias de trato entre los ciudadanos de las diversas Autonomías, provocando cambios de domicilio por motivaciones estrictamente fiscales. Hay en algunos impuestos directos una auténtica competencia a la baja, como sucede con los de Sucesiones o el del Patrimonio, además del IRPF. Además, dentro de cada ente autonómico, la distribución de la carga fiscal entre los diversos segmentos de la población, según su poder económico, provoca agravios tan innecesarios como injustos.

Las clases medias o las de menor renta y desde luego las de rentas más elevadas,  padecen diferentes grados de presión fiscal según el territorio en el que viven. Hay impuestos del Estado ante los cuales hay igualdad (como el IVA, o Sociedades, para las empresas), pero en tributos como el IRPF, que también es común para el conjunto del Estado español, hay en las Autonomías “tramos” autonómicos que generan recargos o alivios que  provocan distorsiones entre los españoles, según el territorio en el que vivan.

Uno de los impuestos más polémico ha sido el del Patrimonio, que el Estado optó por transferirlo en su totalidad a las Autonomías, lo que ha sido fuente de enormes distorsiones justo en unos momentos en los que este tributo ha sido erradicado prácticamente de toda Europa y sólo Francia y España lo conservan, en el primer caso por poco tiempo, ya que está en trance de  supresión, y en el español con grandes excepciones y diferencias regionales, que en la práctica lo han convertido en un tributo bastante calamitoso, del que algunas regiones (caso de la Comunidad de Madrid)  presumen de ignorarlo en la práctica.

El batiburrillo fiscal español debería ser objeto de una reorganización a fondo, una tarea que podría dar ocupación a los partidos políticos dominantes, que pueden asegurar una aprobación mayoritaria en  todo el territorio estatal.