El sector eléctrico y energético anda otra vez revuelto. El titular de la cartera de Energía, Álvaro Nadal, ha lanzado un importante órdago  a las empresas del sector, que ha tenido efectos demoledores en Bolsa  durante estos últimos días. La pretensión del ministro es provocar un cierto recorte a la remuneración que obtienen las compañías de gas y de la electricidad por sus actividades de distribución, ya que las considera desproporcionadas.

Adicionalmente, Nadal pretende endosar a las compañías eléctricas con centrales nucleares el coste de desmantelamiento de las mismas, asunto que no tiene un calendario claro ya que el desmontaje de las nucleares españolas constituye en  sí mismo un asunto sometido a posibles cambios. Hay presiones diversas para que la vida activa de estas centrales se alargue, a la vista de problemas colaterales, como el cambio climático o la escasez de agua  para la producción hidráulica.

La suma de estos factores sobrevenidos junto a la  nueva situación que está viviendo el mercado financiero, con tipos de interés que empiezan a experimentar tensiones alcistas, puede situar a las compañías energéticas, sobre todo a las del sector eléctrico y del gas (las petroleras entran en  otro tipo de consideraciones, sobre todo debido a la  subida del precio del crudo), en una posición delicada y la Bolsa no ha hecho más que reflejar estas expectativas.

Estos días se ha hablado de eventuales recortes del dividendo  en algunas de estas empresas, en especial las que tienen una dependencia muy estricta del mercado español, ya que algunas (caso de Iberdrola) cuentan con una importante diversificación internacional, que les deja bastante aisladas de los avatares domésticos.

Pero, en general, al sector energético las medidas anunciadas por Nadal no le han sentado nada bien. Una de las razones por las que el anuncio lanzado por Nadal  de recorte de ingresos en algunas actividades de distribución  ha sido objeto de importantes críticas es porque los esquemas actuales de tipo regulatorio tienen  fecha de caducidad  fijada de antemano para dentro de dos o  tres años. Precisamente el asunto de las fechas parece ser la clave de todos estos movimientos anticipatorios, que buscan a la postre un recorte en los precios de la electricidad que pueda ser ofrecido como éxito económico  ante las próximas elecciones, sobre todo las generales, que coinciden con el plazo de vigencia de la regulación que se pretende  reemplazar.

Adelantar los plazos de vigencia de esa normativa rompe, en todo caso,  con la previsibilidad que tienen las empresas reguladas del sector energético y ello afecta a la seguridad jurídica de las inversiones, muchas de ellas  realizadas por instituciones financieras y por fondos de inversión extranjeros.

Llueve sobre mojado en lo que atañe a la  falta de seriedad en la regulación española, que está afrontando en estos momentos numerosos pleitos internacionales a causa de la cambiante  normativa sobre energías renovables, lo que ha situado a España como uno de los países desarrollados que menos respeto tiene con la normativa  económica, con alta litigiosidad ante los organismos internacionales de tipo arbitral. Es una posición poco saludable  con vistas a la atracción de inversiones extranjeras, que son la base del crecimiento económico español  en especial en algunos sectores como el energético, que no solo vive del capital directo que llega a las empresas sino de la financiación crediticia que obtienen estas empresas en los mercados de capitales.