Bruselas se mezcla en la batalla Gobierno-Iberdrola

El enredo de las centrales eléctricas  españolas alimentadas con carbón acaba de sumar este lunes nuevos contendientes. La guerra entre el Ministerio de Industria e Iberdrola por el  intento de cierre de dos grandes centrales de carbón por parte de la compañía eléctrica  está alcanzando niveles de confrontación entre el sector público y el privado que  no se conocían en España desde hace tiempo. A esa batalla se ha sumado ahora la Comisión Europea, por la vía de la comisaria de  Competencia, la danesa Margrethe Vestager, que ha puesto en marcha  una investigación para dictaminar si las ayudas que en España se conceden a las centrales eléctricas para reducir emisiones de azufre son  en realidad ayudas oficiales y si estas atentan contra la competencia en el seno de la UE.

En  principio se trata de un importe de no muy elevada cuantía, 440 millones de euros desde el año 2007 hasta la fecha, pero que tiene un  carácter algo más que simbólico   ya que se puede interpretar como una entrada en la contienda que se libra en España a propósito de la supervivencia de las centrales eléctricas de carbón.  El Gobierno español no ha salido muy bien parado en la reciente reunión sobre el Clima debido a la tibieza con la que el país estaría afrontando la lucha contra las emisiones, según nos reprochan algunos colegas de la UE.  Hay que recordar que la dimensión de la contaminación ambiental tiene un necesario carácter global y supranacional, ya que los afectados por las emisiones no son sólo los habitantes del país que da cobijo a estas instalaciones  contaminantes sino los del entorno, además claro está del impacto global en la atmósfera  que atañe a todos los habitantes del Planeta.

La batalla en curso se desencadenó hace unas semanas cuando Iberdrola aseguró que iba a cerrar dos plantas térmicas que usan carbón para producir electricidad. Luego ha matizado sus intenciones y sin llegar a retractarse ha venido a decir que los cierres se realizarán en un plazo algo más dilatado de lo previsto. Por el medio, el Ministerio de Industria lanzó una disposición legal recordando que los cierres de centrales no responden a los deseos de las empresas sino que deben ajustarse a normas de ámbito general, ya que  el principio de seguridad en el suministro de electricidad y el mantenimiento de unos costes  aceptables para los consumidores son   obligaciones esenciales de las compañías eléctricas.

La aparición en escena de la Comisión  Europea mediante una iniciativa de una comisaria, la señora Vestager (el comisario europeo de Medio Ambiente es español, Arias Cañete, y de momento parece mantenerse al margen, a pesar de que el asunto afecta de manera muy directa a sus competencias), abre una embarazosa disputa ya que no es normal que una iniciativa de la Comisión Europea se convierta en la práctica en un apoyo a una empresa de un Estado miembro contra el Gobierno de dicho país, en este caso España.

El enfrentamiento llega en momentos delicados para España debido a la dureza de la sequía, que obliga a hacer un uso intensivo de las centrales de carbón (también como es lógico de las nucleares, aunque en este caso no forman parte estrictamente del debate de estos días) y cuando la generación de electricidad  se mueve en dirección muy contraria a los intereses medioambientales.  La Comisión, de momento, ha entrado en liza por la vía de la competencia, no del medio ambiente. Pero el asunto tiene esas dos vertientes abiertas y para España la situación no pinta precisamente bien.